La Justicia decide hoy si condena a cooperativista por sus declaraciones
La Justicia decidirá esta tarde si condena a Marcelino González, dirigente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), por haber criticado a través de un medio de comunicación que les haya impedido ingresar a Punta del Este mientras «mafias de la droga, de la construcción y lavado de dinero» andan impunes. La fiscal quiere que sea procesado por el delito de desacato.
Esta tarde, sobre la hora 14, el juez Penal de San José, Oscar Núñez Ramallo, dará su fallo sobre si procesa o no al dirigente local de Fucvam, Marcelino González, quien criticó fuertemente a jerarcas de gobierno reclamando por el desvío de 100 millones de pesos del Fondo Nacional de Viviendas.
El juicio se generó tras las declaraciones de González a la prensa maragata luego de la marcha de los cooperativistas a Punta del Este. En esa movilización y tras la detención de más de 150 manifestantes por parte de la Policía que tenía orden de impedir la llegada al principal balneario, el enjuiciado declaró a la FM local «El Lugar»: «Se nos prohíbe entrar a Punta del Este mientras las mafias de la construcción, de la droga, de la prostitución y del lavado de dinero andan en forma impune». Además, directamente responsabilizó al gobierno de tal situación, mencionando en forma puntual al presidente Jorge Batlle y también al ministro de Economía Alejandro Atchugarry. Con los días no sólo no se rectificó sino que ratificó sus comentarios. Fue así entonces cuando la Fiscalía departamental de San José demandó a González y se inició el proceso.
La fiscal Raquel González solicitó el procesamiento de González por el «delito de desacato», con suspensión condicional de la pena. A la vez, reconoció como atenuante el estado de ánimo y la conmoción que presentaba el dirigente de Fucvam a la hora de la entrevista radial. La letrada también consideró que en ningún momento el acusado ofendió la persona del Presidente Batlle, sino que aludió claramente al cargo de jerarquía que ocupa, en calidad de funcionario. Por su parte las abogadas de Fucvam, Lourdes Alvarez y Ariela Peralta, destacaron también en su alegato final la situación vivida por Marcelino González y el estado (anímico) en que se encontraba al momento de la nota.
Se remarcó que el dirigente acababa de ser testigo de la represión de las fuerzas policiales y la provocación constante de éstas para con los marchantes, que pretendían una movilización «pacífica».
Las defensoras señalaron además la falta de intención de González de ofender a la persona del señor Presidente y de los demás funcionarios públicos y solicitaron al juez Núñez que no se creen antecedentes en una persona que no los tenía hasta el momento y que el caso por tanto, sea archivado. Por último expresaron que si se utilizara siempre el mismo criterio que se aplica con González, deberían procesarse muchísimos ciudadanos uruguayos que a diario hacen declaraciones de similar tenor, en referencia a funcionarios públicos.
La grabación
Un aspecto resaltante de este proceso, que preocupa a gran parte de la población de San José así como a la dirigencia de Fucvam, es de dónde partió realmente la iniciativa de llevar a Marcelino González ante la Justicia. Según informaba en su edición de ayer el diario maragato «Primera Hora», el dueño de FM «El Lugar», arquitecto Fernando Magnou, afirma que la Policía solicitó la grabación, mientras que fuentes policiales habrían desmentido tal versión.
La dirigencia nacional de la Federación de Cooperativistas de Viviendas respaldó plenamente a Marcelino González. *
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