Afectados con plomo serían realojados en viviendas del Estado

El ministro Saúl Irureta actuará de manera diferente a su antecesor, Carlos Cat, y no utilizará el predio que comprara la comuna de Montevideo para el realojo de los afectados de plombemia (altos niveles de plomo en la sangre). Es que la escasez de recursos en esa secretaría estatal imposibilita la construcción de nuevas viviendas, por lo cual, las autoridades recurrirán a edificaciones que ya fueron construidas por el Ministerio y a complejos habitacionales del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) que están sin ocupar.

Por su parte, la comisión de vecinos afectados por el plomo, asegura que deberían ser realojadas 201 familias de la zona de La Teja.

Carlos Pilo, integrante de la comisión, indicó a LA REPUBLICA que extraoficialmente habrían otras 50 familias que deberían ser trasladadas a las cuales se les detectaron niveles superiores a los tolerados de plomo en la sangre.

«Es que si se les hace el tratamiento médico, estas personas no pueden volver a la zona contaminada», explicó Pilo.

Incluso, acotó, frente a la cancha de La Luz, en el asentamiento 25 de Agosto, la situación es todavía peor desde el punto de vista sanitario. En ese lugar la fábrica de baterías Radesca vertía los desechos contaminantes, y los niveles de afectación por plomo en los pobladores son todavía mayores al de otras zonas.

Sin embargo, estas personas tendrían la solución en poco tiempo ya que la Intendencia, con la finalidad de ampliar la avenida José Batlle y Ordóñez, viene construyendo en otro predio las viviendas, que están próximas a culminar, para realojar a las familias afectadas.

En la reunión de hoy las autoridades informaran a los vecinos de La Teja sobre sus planes que dejarían sin efecto la construcción de viviendas en el predio que la comuna había comprado a U$S 390 mil, a pesar que su valor catastral era bastante inferior, según había denunciado la edila Cristina Ferro del Partido Colorado.

Los vecinos pretenden saber a qué tipo de viviendas irán a residir y dónde estarán ubicadas.

También aprovecharán la instancia para plantear nuevamente a las jerarquías estatales la instrumentación de un seguimiento por parte de asistentes sociales, a fin de permitir la adaptación de esta población carenciada a los nuevos hábitos y comportamientos que implica residir en una vivienda con la infraestructura indispensable. Cabe consignar que esta población reside en asentamientos con viviendas muy precarias, sin saneamiento y carentes de baños.

Terreno de la discordia

Más allá de lo estrictamente sanitario, la problemática del plomo generó una polémica política en cuanto a la compra y el posterior descarte del terreno que la comuna adquirió a solicitud del Ministerio de Vivienda para la construcción de casas para las familias contaminadas con plomo

La edila colorada Cristina Ferro salió nuevamente a criticar a la Intendencia por adquirir ese terreno pagándolo U$S 200 mil por encima de su valor catastral.

Además parte de ese terreno también está contaminada con plomo.

Por su parte, la directora interina de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia, Rosario Fossatti, afirmó que ese predio se compró hace un año con carácter de urgencia y a solicitud expresa del Ministerio de Vivienda. Aseguró que se trata de un «buen predio, con óptimas características y donde sólo en un extremo del mismo se detectaron índices de contaminación.» Acotó que era el predio más barato existente en la zona y que el mismo se adquirió de acuerdo con el valor marcado por el mercado y no por el catastro. Sobre el índice de contaminación detectado la jerarca explicó que ese problema es solucionable y acotó que el propio Ministerio aceptó estas tierras.

Fossatti explicó que si el Ministerio no construyó es porque no tiene dinero para hacerlo, y seguramente utilicen viviendas propias o del BHU para efectuar los realojos. Cuestionó que en la administración de Carlos Cat se hizo comprar el predio a la Intendencia, a sabiendas de que no tenían rubros para construir viviendas.

El vecino Carlos Pilo comentó que el ex director nacional de Vivienda, Bernardino Ayala, había resuelto comenzar con los trabajos en dicho predio pero luego por falta de recursos se debieron suspender.

Hasta el momento, de las más de 200 familias afectadas por plomo, 25 fueron trasladadas a dos complejos de viviendas del BHU, ubicados en Colón y en otras propiedades alquiladas por el Ministerio de Vivienda. *