Proponen bajar costos en la salud enviando personal al seguro de paro
La Comisión Multisectorial convocada el pasado 8 de abril por el ministro de Salud Pública, Conrado Bonilla, para intentar resolver la crisis del mutualismo, se reunirá nuevamente en estos días en siete grupos de trabajo.
El presidente de la Unión de la Mutualidad del Uruguay (UMU), contador Julio Pilón, apuntó que deberán tomarse caminos inmediatos para luego discutir soluciones a largo plazo, como la propuesta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) de crear un Sistema Nacional de Salud, que apunta a remediar la carga del desfinanciamiento actual del sistema. En el modelo impulsado el usuario paga en forma proporcional a sus ingresos, aunque el porcentaje aún no está definido. «Primero hay que hablar sobre cómo se disminuyen los costos principales que son salarios y medicamentos», apuntó Pilón.
La UMU reúne a las mutualistas Casa de Galicia, Círculo Católico, Asociación Española y Hospital Evengélico.
Para Pilón una de las mayores dificultades de las entidades médicas es la diferencia entre ingresos y egresos. Estimó que desde 1999 los ingresos han aumentado 30% pero los egresos se incrementaron 60%.
El panorama se acentúa para mal cuando las mutualistas saben que «no pueden aumentar la cantidad de socios privados», dijo Pilón, al tiempo que las entidades también acarrean el problema de que el Estado está pagando cada vez menos por los usuarios de la ex Disse. «Ya hubo dos aumentos de cuota mutual que sólo afectaron a los socios privados y no a los socios trabajadores».
Pilón entendió que el camino del Subsidio por Desempleo sería uno de los inmediatos a tomar por lo menos «por unos 6 meses, mientras se generen economías que hagan viable el sistema». Añadió que «el Subsidio por Desempleo no ha sido muy usado en el sector de la Salud», donde lo que más se implementa son los atrasos en los pagos a los funcionarios y médicos.
Los salarios corresponden al 60% y 65% de los egresos de las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC) y los medicamentos significan alrededor de 15% de su presupuesto. «Si continuamos con la política del avestruz, (de esconder la cabeza) entonces no solucionamos nada. Es injusto que una persona trabaje y no cobre», dijo el dirigente al referirse a los atrasos de sueldos que sufren los funcionarios médicos y no médicos, de prácticamente todas las entidades.
Asistencia parcial y cierres
Las instituciones médicas hasta ahora tienen autorización legal para vender asistencia parcial con una cuota también parcial, al 10% de sus usuarios. Sin embargo, desde que asumió el 26 de febrero el ministro Bonilla, la idea de extender ese porcentaje, a otro aún no precisado, sobrevoló varias declaraciones del jefe de la cartera y distintas reuniones del sector salud.
Pilón señaló que «quienes comprarían en las mutualistas esta clase de asistencia parcial, son los socios jóvenes y sanos, que justamente ya tienen estos servicios en seguros parciales. Salvo que se reglamenten estos seguros, podría entonces establecerse una competencia para ganar algún socio con cuota parcial». Pilón subrayó que «esta idea tampoco es un camino de solución inmediato. Por ello primero habrá que bajar costos como medida más o menos rápida».
Consultado sobre el rompimiento de la integralidad que supone la asistencia parcial, Pilón respondió que este factor del mutualismo «hace mucho tiempo que se rompió. En principio el Estado paga 85% de la cuota mutual por los trabajadores afiliados, en segundo término el aumento derivado del convenio anestésico quirúrgico en 1993, se volcó en tiques y órdenes y no en la cuota para que Disse no se viera afectada. En tercer lugar, hay instituciones que plantean cuotas baratas para escolares y liceales, provocando que otras pierdan socios de esas edades».
La Comisión Multisectorial también analizará el recorte de la canasta básica de prestaciones por parte de las mutualistas. En principio, según se planteó, la baja de servicios no será muy agresiva. Pilón concluyó que «si no es agresiva no ayudará en nada, y desde ya estamos de acuerdo en que todos los servicios que no sean obligatorios salgan de la canasta». El directivo también indicó que «tampoco se trata de decirle a una persona enferma de cáncer o portadora de VIH, que no se lo atenderá porque no hay dinero, ya que si la persona no tiene plata qué hará», pero aún así «deberá definirse qué se hace con esos medicamentos que pesan en los costos». La crisis del sector mutual se traduce en unos U$S 400 millones y 6 entidades de Montevideo aún aguardan la segunda y tercera partida del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que otorgó un crédito de U$S 35 por socio. El Ministerio de Economía había prometido distribuir las cuotas durante el primer semestre de este año. Hasta ahora las mutualistas sólo recibieron U$S 25 por socio, de un crédito que de hecho no sirvió demasiado para resolver la crisis. *
Vía Crucis en el Cerro
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