EL LUNES

Ocupación popular de la Suprema Corte de Justicia: inician indagatoria judicial

Los incidentes originados tras el traslado de la jueza Mariana Mota, especializada en delitos de Derechos Humanos y trasladada a la justicia civil, que culminaron con una breve ocupación popular de la planta baja de la Suprema Corte de Justicia el pasado 15 de febrero, comenzarán a ser indagados por la justicia penal que citó para el lunes a algunos participantes del hecho.

Suprema Corte de Justicia / cejil.org

Al cumplirse seis meses de los acontecimientos, suscitados el día en que Mota debía prestar juramento como jueza civil, la jueza penal Gabriela Merialdo, a pedido del fiscal Gustavo Zubía, citó en calidad de indagados a unas 12 personas. Los comparecientes comenzarán a concurrir desde el lunes y se espera que las indagatorias se extiendan toda la semana.

Todos ya fueron indagados por la policía

Los comparecientes más conocidos a nivel público, son el ex dirigente tupamaro Jorge Zabalza, el dirigente de ADEOM, Aníbal Varela, la integrante de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y el activista Álvaro Jaume.

El fiscal y la jueza intervinientes se encontraban de turno cuando ocurrieron los hechos, por los que les corresponde el caso. Los comparecientes ya fueron indagados por la policía, ante la que debieron declarar por orden de la magistrada.

La jueza y el fiscal tienen a su disposición videos de los incidentes, aportados por los canales de televisión que se hicieron presentes durante la breve ocupación. Con todo el material y las declaraciones la jueza y el fiscal deberán decidir si hubo delitos.

Cabe consignar que la finalidad de la manifestación –que la jueza Mariana Mota continuara entendiendo en casos de militares vinculados a violación de derechos humanos- no tuvo andamiento. La misma Mota presentó un recurso administrativo ante la Suprema Corte contra su traslado de una sede penal a una civil, alegando la inconveniencia de la medida, tomando en cuenta que ella se capacitó especialmente en la materia penal. La Corte confirmó su decisión en base que los jueces deben rotar de materia sin que eso implique una sanción ni una baja de salario.

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