UNICEF cuestiona aumento de penas en el Código Infraccional Juvenil a estudio

Según el técnico Egidio Crotti, que representa a UNICEF en nuestro país, las instituciones que deben albergar y devolver a la sociedad a los jóvenes que sean internados, “no están preparadas” para enfrentar el aumento de la población que se producirá a partir de la extensión de las penas.

El cuerpo internacional entiende que el número de internados cuando mínimo se duplicaría y que las condiciones que enfrentan para la internación en absoluto conducen a la recuperación de estos jóvenes. Para el delegado Crotti, el proyecto responde solamente a “la presión de la opinión pública”, donde se ha “logrado instalar la idea de que los mayores problemas de seguridad de este país son provocados por menores de edad, algo que según las cifras no es así”.

Se transgreden principios de la Convención de los Derechos del Niño

En un comunicado emitido el lunes por UNICEF se explica que la extensión de hasta 10 años a las penas máximas para los adolescentes “transgrede los principios de excepcionalidad de mínima duración de la privación de la libertad y no regresividad” que están incluídos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Para la organización “se debe restringir la privación de libertad a los delitos más graves: aquellos que afectan la vida, la integridad física o la libertad de las personas”. Puntualiza que una “excesiva dureza de las penas” en los demás, impide la resocialización de los adolescentes.

Desde UNICEF se plantea la necesidad que el proyecto refiera a “penas alternativas”, limitando las privación de libertad para los delitos graves que van contra la integridad física de la persona como el homicidio, el secuestro o la rapiña. El texto a remitirse al Parlamento no refiere tampoco a temas como: semilibertad, libertad asistida, libertad vigilada y trabajo comunitario, así como tampoco a mejoras en la “defensoría pública” de los adolescentes, adonde recurre la mayoría de los jóvenes enfrentados con la Ley.