MVOTMA y Catastro de Asentamientos: fuerte diferencia en número de “irregulares”

El legislador elevó una solicitud de informes a la Intendencia, en tanto los datos del MVOTMA, tomaron como asentamiento irregular a los agrupamientos de más de diez viviendas, lo que a nivel de el catastro de asentamientos y la ONG, está por encima de lo que se debe registrar: en estos dos últimos casos, si hay seis o más viviendas donde habiten más de ocho núcleos familiares, ya debe registrarse como asentamiento.

Las cifras son consideradas de vital importancia para determinar la real evolución que ha tenido el problema en los últimos diez años al menos, según interpretó el representante de la oposición.

Los documentos oficiales y la visión paralela

Según el Programa de Mejoramientos de Barrios (PMB), entre 2006 y 2011 los asentamientos cayeron de 662 a 589, y las viviendas en esos lugares pasaron de 49.263 a 48.708. Quienes habitan en esos lugares eran 179.545 en 2006 y 165.271 en 2011.

“Los factores que pueden explicar este descenso son múltiples y muy variados: mejora del nivel de empleo y aumento del salario real, políticas focalizadas hacia la pobreza extrema, mejora en la situación económica general del país y programas de vivienda para sectores de menores ingresos, entre otros”, dice el documento del Ministerio de Vivienda.

Por su parte el estudio de las otras dos instituciones paralelas, afirma que en el año 2010 había 260 mil personas habitando en asentamientos irregulares en los que se concentraban unas 61.500 viviendas.

El legislador denunciante asegura que el problema radica en que para el ministerio el asentamiento es un grupo “de más de diez viviendas ubicados en terrenos públicos o privados construidos sin respetar la normativa urbanística al que se le suman carencias de todos o algunos de los servicios de infraestructura urbana básica o serias dificultades de acceso a servicios sociales”, según la documentación oficial. Para la ONG Techo, es suficiente que haya “una agrupación de seis o más viviendas en las que habitan ocho o más núcleos familiares que presentan además carencia de alguno o todos los servicios básicos regularizados”, lo que amplía la ratio de acción de manera contundente.