Por falta de pago los proveedores de las cárceles cortaron suministros

En la última década, la población carcelaria se triplicó, lo que ha conllevado a que los reclusos sobrevivan en condiciones de hacinamiento. De hecho, en el Complejo Carcelario Santiago Vázquez (Comcar), diseñado para 900 personas, hoy conviven 3.000 reclusos. Una problemática similar ocurre en la cárcel de Canelones, con una capacidad para 200 reclusos pero actualmente alberga más de 600. La situación se agravó en los últimos meses luego que, a los problemas de infraestructura edilicia, se sumara la falta de algunos insumos básicos, como la harina por ejemplo, debido a la deuda que el Estado mantiene con los proveedores. El hecho, ameritó que la comisión tripartita, encargada del seguimiento de la calidad de vida de los reclusos, decidiera lanzar una campaña pública solidaria para palear, en cierta medida, la situación.

El ministro del Interior, Guillermo Stirling, dijo anoche a LA REPUBLICA que, al igual que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Roberto Parga, estará presente en el lanzamiento de la campaña. El titular de la cartera del Interior confirmó que existen carencias en los centros carcelarios debido a la falta de un presupuesto acorde a la demanda.

Entretanto, el diputado del Encuentro Progresista-Frente Amplio, e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Edgar Bellomo, dijo a LA REPUBLICA que el incremento del delito, debido fundamentalmente a la falta de trabajo, ha llevado a que en los últimos diez años, se haya triplicado la población carcelaria.

«La situación, con una población carcelaria que se incrementa continuamente y con un presupuesto efectivamente ejecutado que se disminuye día a día, prácticamente ha hecho explosión. En estos momentos, las carencias que vive la población carcelaria, y que también están padeciendo los propios guardacárceles son, entre otras, alimentarias. El principal problema es la insuficiencia de alimentación», manifestó el representante nacional.

Falta de insumos

Otra de las causas de la problemática son los recortes presupuestales en las partidas destinadas a los centros de reclusión efectivizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que desembocó en un atraso en el pago a los proveedores. Ante la deuda, algunos proveedores de complementos básicos para la alimentación, decidieran suspender las entregas. «La falta de insumos básicos como la harina para la elaboración del pan, viene siendo paleada por los propios familiares de los reclusos y organizaciones sociales. Pero, lamentablemente, esto no garantiza el sustento diario. Desde el grupo tripartito creímos que era necesario hacer un llamado público para sensibilizar a la población y, entre otras cosas, empezar a cumplir con el artículo 26 de la Constitución de la República, que establece que las cárceles no serán instrumentos de mortificación y que tenderán a la rehabilitación», sostuvo Bellomo. *