Panaderías y fábricas de pastas se pasan al informalismo para sobrevivir

Se estima que por mes se comercializan cientos de miles de ravioles y productos panificados, elaborados en forma clandestina, lo que genera una verdadera industria con decenas de distribuidores y cientos de bocas de salida, ubicados fundamentalmente en pequeños comercios y en las ferias vecinales.

Este fenómeno aparece principalmente en la periferia de Montevideo y en el Interior del país, donde las ofertas de dos y tres panes flauta por $ 10, son ofertas que provienen en su mayoría de establecimientos ilegales, según indicó el presidente del Centro de Panaderos del Uruguay, Ossiris Fernández.

La Intendencia de Montevideo verifica las denuncias recibidas y en caso de detectar una irregularidad tiene potestades para sancionar a los responsables pero no para confiscar las maquinarias con que se elaboran los productos. Esta situación impide combatir efectivamente la informalidad, ya que quienes actúan en el mercado «negro», se llevan los implementos de trabajo hacia otro sitio y desde allí continúan montando el negocio sin pagar ningún tipo de impuesto ni tener controles bromatológicos.

La crisis económica agudiza las estrategias de sobrevivencia de los uruguayos. Esta afirmación bien puede aplicarse para quienes adquieren insumos como para quienes los ofertan. Las promociones de pan o pastas a bajo precio está teniendo una gran aceptación entre la población que en estas épocas recesivas se fija más en el bolsillo que en la calidad. La presente conyuntura es un caldo de cultivo para la creación de una verdadera industria de la informalidad.

«El sistema te expulsa», afirmó el presidente del Centro de Panaderos, haciendo referencia a la imposibilidad de los comerciantes de tributar sin que esto represente una pérdida de los ingresos.

El panadero se lamentó por el cierre de establecimientos y por el ingreso de esos establecimientos al sector informal. Explicó que la competencia lleva mayormente a la baja de precios, ya que en caso contrario no se produce la venta. Incluso, hoy día, la gente camina a fin de abaratar costos, y por las diferencias existentes entre los establecimientos clandestinos y los legales, buena parte de la población opta por el producto barato.

Los comerciantes también buscan bajar costos y se llegó al límite de apagar los carteles luminosos.

A fin de mantener a flote al sector, los panaderos reivindican la aplicación de menores impuestos o un cambio en la manera de tributar. Según explicó Fernández, dicho sector está pagando un total de 18 impuestos de forma periódica y paga la harina en dólares mientras que los informales tienen cero tributación.

«Tres por diez pesos»

En la mayoría de los casos, se desconoce quién elabora los productos panificados que son comercializados como ofertas que por sus precios llaman la atención. De acuerdo a lo expresado por el presidente del Centro de Panaderos, el 80% de las ofertas que aparecen en los barrios es fruto de la informalidad. «Esto es claro de evidenciar, ya que quien cumple con las normas jamás podrá llegar a ofertar los productos a los precios que aparecen en el sistema informal», sostuvo Fernández. Lo correcto sería que el pan viniera cerrado y se pudiera identificar su origen. Toda esta ausencia de controles puede generar un «riesgo que es inmedible», sostuvo.

El empresario panadero aseguró que además de panaderías y fábricas de pastas clandestinas, también hay molinos que funcionan en la ilegalidad.

En los últimos tiempos surgió el problema con el hongo Fusarium que afectó a la harina, pero hoy ese tema quedó subsanado según se informó a LA REPUBLICA desde el Ministerio de Salud Pública que había clausurado varios molinos instalados legalmente.

En enero, cinco molinos fueron suspendidos por utilizar harina contaminada por la toxina Don, debido a la utilización de la cosecha de trigo afectada por Fusarium. Para reabrir los establecimientos, las molineras debieron importar el producto de buena calidad a fin de diluir la harina contaminada.

«Al dente»

Carlos Pérez Sena, presidente de la Cámara de Pastas del Uruguay informó a LA REPUBLICA, que es evidente la proliferación en el mercado de productos elaborados en la clandestinidad, ya que existe una oferta ambulante y callejera principalmente en los barrios periféricos. Sostuvo que se venden pastas a muy bajo precio a través de la evasión de todo tipo de tributo e incluso se elabora el producto robando energía eléctrica.

Reconoció que en Montevideo, la Intendencia hace un esfuerzo por detectar estos casos, pero que no tienen elementos para confiscar las maquinarias utilizadas. La Intendencia de Montevideo recibió el año pasado, 263 denuncias sobre la presencia de negocios inhabilitados o alimentos en mal estado según informó a LA REPUBLICA Perla Vivas, directora interina de la División Salud. El número telefónico1950 2131 es el destinado a la recepción de denuncias que brinda el servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia.

El año pasado la comuna clausuró 10 panaderías tanto por funcionar fuera de la reglamentación como por detectarse la presencia de roedores o insectos que pueden transmitir enfermedades, como ser ratas o cucarachas.

En cuanto a la venta ilegal de pastas, luego de recibir una denuncia, personal de la Inspección General realizó hace menos de un año una recorrida por el Cerro, donde se comprobó la comercialización de estos productos en la vía pública.

Desde la Cámara de Pasta, su presidente explicó que «el problema mayor que tenemos no proviene por la dificultad económica, sino que estamos inducidos a volcarnos a la informalidad y que cada vez sean menos los que cumplan con los tributos».

El comerciante puso el ejemplo que en numerosas bocas de salida es posible encontrar ofertas de 200 ravioles por $ 20 ante lo cual se preguntó con qué están hechos como para que esa venta deje alguna ganancia. Se estima que en todo el país hay unas 200 fábricas de pastas legalmente establecidas, pero se desconoce el número de establecimientos que funcionan en la clandestinidad. *