La crisis se ensaña con los menos afortunados

De las realidades más difíciles de enfrentar en la crisis que estamos sumergidos, la situación de las «personas con capacidades diferentes», alcanza ribetes de tragedia.

Uruguay ha superado ya su máximo histórico de personas con discapacidades, que hasta hace un par de años mantenía en parámetros comunes con otras naciones desarrolladas. Se estimaba que uno de cada diez uruguayos estaba afectado por alguna limitación en sus habilidades síquicas o físicas. Pero la emigración brutal de los últimos treinta meses, hizo que, entre otros dramas, se fueran quienes disfrutan de todas sus capacidades. La partida de casi 100.000 uruguayos en dos años y medio, aumentó la incidencia porcentual de minusvalías en la población total, a cifras que ahora los demógrafos deberán dilucidar.

A esta crisis debe sumarse la problemática del desempleo, máxime en un país donde el Estado, con obligación de integrar el 4 por ciento de su plantilla de funcionarios con personas de capacidades diferentes, no cumple en absoluto su propia norma.

Los recortes del gasto público parecen haberse ensañado con estos uruguayos. Los préstamos sociales de hasta 7.000 pesos que les concedía el Estado, a una tasa mínima de interés, han sido cancelados «hasta nuevo aviso», un aviso que nadie se atreve a datar.

Similar criterio financiero, afecta a la casi totalidad de las instituciones privadas dedicadas a paliar las minusvalías. Desde entidades decanas, a otras de muy reciente creación, todos los cursos que se impartían buscando la reinserción de esta gente han debido ser limitados, recortados o suspendidos, en tanto los aportes que provenían del Banco de Previsión Social, dejaron de pagarse. Cada una de las entidades escogidas, recibía 1.200 pesos por persona atendida.

Mientras tanto las necesidades más imprescindibles castigan a estos discapacitados. Sus frugales pensiones han perdido capacidad de compra en casi un 100 por ciento, mientras aumento alguno responde para compensar esta circunstancia. Peor aún, la detección de que decenas de familias están literalmente viviendo con la única entrada a cargo de la pensión del minusválido, hace enfrentar una realidad social sin paralelo.

Entidades como la Asociación por los Discapacitados, habían alertado oportunamente en páginas de LA REPUBLICA sobre el alarmante aumento de autoeliminaciones entre los disminuidos físicamente, en tanto sus depresiones eran incontinentables.

Las cifras, aunque herméticamente reservadas, estarían indicando que la incidencia de estos suicidios, sobre el total, en uno de los países con más autoeliminaciones en el mundo es impresionante.

Unos como otros

En absoluto la situación de los minusválidos que estaban en un estado económico relativamente aceptable hace un año, por ejemplo, continúa igual.

Además de la crisis, el «corral» financiero que congeló sus depósitos puso a buena parte en apremiante situación económica, además de empeorar sus cuadros sicológicos.

A nivel de la autoridad financiera, las incapacidades físicas, no han sido objeto de consideración alguna: la disponibilidad de algunos fondos, que el Banco República dispuso devolver a algunos ahorristas, abarca a personas con enfermedades terminales o cuyos tratamientos requieran ese dinero para evitar riesgo de vida. A los minusválidos ese criterio no les alcanzó.

Finalmente, aquellos en la cúspide de la pirámide económica también parecen sufrir la crisis.

En los últimos dos meses se registró el índice de ventas de vehículos para lisiados más bajo de la historia.

Aunque desde que se exoneró de impuestos a los automóviles para ellos destinados, hubo inconvenientes (los autos deben tener una cilindrada máxima de 1.500 c.c. generando controversias en las importadoras), existía un mercado menor pero estable, que ahora literalmente, desapareció.

La gran prueba

Las distintas «casas» representantes de los minusválidos insisten por último en que el límite jubilatorio vigente de 1.900 pesos es el problemas más álgido de la mayoría. Aquellos que perciben una jubilación superior, están por fuera de las posibilidades de acceso a una pensión por incapacidad.

Una creciente población de ancianos está provocando un aumento constante en aquellos que sufren limitaciones a causa de los años. Si bien la Ley 17.266 de setiembre de 2000, compatibiliza la actividad del discapacitado con la pensión de invalidez, una norma anterior, la Ley 16.713 de setiembre de 1995 niega esa posibilidad.

Sólo quien «carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales y tenga 70 años de edad, o cualquier edad, y esté incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado», está amparado.

El BPS se guía por esta última reglamentación estableciendo que «quienes tengan ingresos de cualquier naturaleza u origen, inferior al monto de la prestación, recibirán únicamente la diferencia entre ambos aportes».

En la realidad el reglamento interno dispone un cercenamiento aún mayor, al tomar en cuenta el líquido percibido. Así, solamente tiene derecho a pensión por invalidez un jubilado que cobre hasta 1.962 pesos. *