Sobre la baja de la edad de imputabilidad penal

El gobernador de São Paulo, Geraldo Ackmin (PSDB) no consiguió reducir el índice de violencia en el estado. Prefirió entonces, como la zorra de la fábula de La Fontaine, decir que las uvas están verdes… Ya que la policía se muestra incompetente para disminuir la criminalidad, reduzcamos la edad penal de los delincuentes, propone el gobernador.

El número de homicidios en la ciudad de São Paulo creció un 34% en el 2012. Por cada cien mil habitantes la tasa de asesinatos fue del 12.02%. En supuestos enfrentamientos con la Policía Militar murieron 547 personas. Los casos de estupro subieron el 24%, el robo de vehículos el 10%, el latrocinio el 8%.El asalto a bancos disminuyó un 12%. Estos datos son de la Secretaría de Seguridad Pública, divulgados el 25 de enero.

El ‘DataFolha’ investigó la opinión en la capital paulista y constató que el 93% de los paulistas desean la reducción de la mayoría de edad penal, un 6% está en contra y un 1% no opina. Hay que resaltar que el 42% afirmó que para reducir la criminalidad es necesario poner en marcha políticas públicas para jóvenes.

“El problema del menor es el mayor”, advertía el filósofo Carlito Maia. Si los jóvenes menores de 18 años roban y matan es porque, como constatan las investigaciones policiales, son manipulados por adultos que conocen bien la diferencia que hay entre las cárceles para mayores y menores de 18 años.

Una investigación de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos verificó que, entre 53 países, 42 adoptan la mayoría de edad penal a partir de los 18 años. Supongamos, sin embargo, que sea aprobada la reducción de la mayoría de edad penal a partir de los 16 años; los delincuentes adultos pasarán a inducir al delito a jóvenes de entre 14 y 15 años. Incluso en algunos estados de los Estados Unidos a partir de los 12 años ya deben responder criminalmente ante la ley.

Estoy en contra de la reducción de la mayoría de edad penal porque entiendo que no resolverá ni disminuirá la escalada de violencia. La responsabilidad es del poder público, que siempre se fija en los efectos y no en las causas. Debiera haber una legislación que castigara la inhibición de las autoridades cuando se trata de niños y jóvenes.

Hoy día aún hay 19.2 millones de brasileños (el 10% de nuestra población) que no han tenido ninguna escolaridad o han ido a la escuela menos de un año. 12.9 millones de brasileños mayores de siete años no saben leer ni escribir. Y el 20.4% de la población mayor de 15 años son analfabetos funcionales, o sea ponen su firma pero son incapaces de redactar una carta o de interpretar un texto. Entre la población de 15 a 64 años, de cada tres brasileños sólo uno consigue interpretar un texto o hacer operaciones aritméticas elementales.

En el 2011 un 22.6% de los niños de 4 a 5 años no iban a la escuela. Y por debajo de esas edades 1.3 millones no encontraron plaza en jardines de infancia.

Éste es el dato más alarmante: hay 27.3 millones de jóvenes brasileños de entre 18 y 25 años; de ellos 5.3 millones no van a la escuela ni tienen trabajo; pero no carecen de deseos de consumo, tales como zapatos tenis de marca, llevar un iPhone5, frecuentar discotecas, vestirse a la moda, etc. ¿De qué viven esos 5.3 millones de jóvenes del nicho “ni-ni” (ni escuela ni trabajo)? Muchos del crimen. Crimen mayor, sin embargo, es el del Estado al no asegurar a todos los ciudadanos educación de calidad en tiempo integral.

Si es aprobada la reducción de la mayoría de edad penal habrá que multiplicar la inversión en construcción y mantenimiento de cárceles. Hoy día el Brasil es el cuarto país del mundo en población reclusa: 500 mil presos. Sólo por detrás de los EE.UU. (2.2 millones), China (1.6 millones) y Rusia (740 mil).

Según el Departamento Penitenciario Nacional, el déficit es de 198 mil plazas, o sea que muchos detenidos no disponen de los 6 metros cuadrados de espacio previstos por ley. Muchos disponen apenas de 70 centímetros cuadrados.

Según el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, “es preferible morir que estar preso en el Brasil”, lo que significa que nuestro sistema carcelario es meramente punitivo, sin ninguna metodología correctiva que busque la reinserción social.

La ley 12.433, del 29 de junio del 2011, establece la remisión de 1 día de pena por cada 12 horas de frecuencia escolar; y 3 días de trabajo reducen 1 día el cumplimiento de la pena. ¿Dónde están, sin embargo, las prisiones con escuelas de calidad, con estudios de profesiones, capaces de rescatar a un marginal para convertirlo en buen ciudadano?

En verdad, tal como analizó Michel Foucault, nuestras élites políticas tienen poco interés en reeducar a los internos; prefiere mantenerlos como muertos-vivos y tratarlos como desechos humanos.

Pero ¿qué se puede esperar de un país en que un exgobernador del estado más rico de la Federación, Luiz Antonio Fleury hijo, justifica la masacre de 111 presos en Carandiru, en 1992, como una acción ”legítima y necesaria”?