Jueza Mota: «Llegaré hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos»

Luego de su polémico traslado de la materia penal a la civil, la magistrada ocupa un despacho del edificio donde se ubican los juzgados civiles en Montevideo, eso es, el sitio donde se encontraba el edificio de la empresa Onda, justo frente a la Suprema Corte de Justicia.

Desde allí reflexionó sobre varios asuntos. A casi tres meses de haber sido trasladada, la magistrada reiteró que continúa sin conocer porqué la SCJ resolvió que pasara a la órbita civil. Se refirió a la respuesta que el organismo elevó recientemente al Parlamento y que espera aún la contestación de la SCJ ante su recurso de revocación presentado, en febrero pasado. El camino que seguirá Mota será el de la insistencia hasta conocer porqué los cinco ministros de la SCJ fallaron para concretar su traslado.

Mota dijo a LARED21 que si la SCJ no accede a su pedido de revocar su resolución de traslado, apelará ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y si éste también fallara en su contra, está dispuesta a llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si el caso deriva o no en la Corte Interamericana de DDHH, dependerá de la propia Comisión que dirimirá el tema en primera instancia.

Mota se refirió a su primer traslado, cuando hace casi 4 años investigaba en el juzgado de la Ciudad de la Costa coimas cobradas por funcionarios aduaneros. Dijo que no tiene pruebas para sostener que se la haya trasladado por esa indagatoria, pero indicó que cualquier traslado tranca las investigaciones judiciales que estén en curso.

La «muralla» de la Suprema Corte

La magistrada de 43 años habló de la reestructura que necesita desde su punto de vista el Poder Judicial, sobre la presupuestación y sobre su independencia.

También respondió sobre el caso de la muerte de Aldo Perrini, ocurrida en Carmelo, Colonia, en 1974. El hombre fue detenido junto a otras 10 personas y muerto a patadas en tortura. La jueza Mota ya tenía a mediados de 2012 un pedido de procesamiento para cuatro militares presuntamente involucrados en el hecho. El pedido de procesamiento fue hecho por la fiscal Ana Maria Tellechea. Sin embargo, cuando la jueza se aprestaba a expedirse sobre el asunto, la SCJ pidió el expediente porque la defensa de los militares denunciados, presentaron recursos de inconstitucionalidad que entendían debía resolver la SCJ. El máximo órgano judicial solicitó el expediente a la jueza Mota y de esa manera el caso quedó congelado hasta hace un mes, cuando la SCJ indicó que el hecho investigado prescribió.

Mota recordó sus actuaciones y estimó que podría haberse equivocado tal vez en sus exposiciones en medios de comunicación, pero advirtió que ella nunca buscó tal mediatización.

Además, la jueza Mota razonó- desde su punto de vista personal- sobre las palabras del presidente de la SCJ Jorge Ruibal Pino, quien dijo el 9 de abril pasado que todo fiscal y juez que continúe investigando causas vinculadas a los derechos humanos, se dará contra una Muralla, en alusión al fallo de la SCJ que el 22 de febrero pasado, declaró inconstitucional la ley que establecía que los delitos de la dictadura, no prescriben. Mota sostuvo que si bien será un Tribunal el que defina la recusación presentada por 5 fiscales que rechazaron las declaraciones de Ruibal Pino, la magistrada dijo que Ruibal Pino prejuzgó.