U$S1.000 millones

Acusan al último gobierno colorado por juicio “histórico” que enfrenta AFE

El diputado del Frente Líber Seregni, José Carlos Mahía, apuntó al “último gobierno colorado” a través del frustrado Plan Fénix, como responsable por el juicio “histórico” contra la Administración de Ferrocarriles, por el que un empresario espera cobrar U$S1000 millones.

Ex estación central «General Artigas»

Fernando Barboni, reclama esa inédita suma al Estado por el lucro cesante de no haberle entregado en tiempo y forma la ex estación central “General Artigas” y la otrora playa de maniobras de trenes en el predio lindero.

Mahía recordó –en su cuenta de Facebook- que a comienzos de 2006 se formó una comisión investigadora en la Cámara Baja para analizar las irregularidades que derivaron en los juicios. Mahía, entre otras preguntas exige saber “¿cuál fue la razón que llevó a los representantes del Estado a entregar después del plazo un bien al cual se habían comprometido a entregar en fecha?”.

La Suprema Corte da la razón al demandante

Este martes el empresario tiene una audiencia en el juicio que sigue por liquidación de sentencia, donde reclama al Estado los U$S1.000 millones, y ya tiene a su favor una sentencia de la Suprema Corte que le da la razón, restando definir cual será el monto que se habrá de pagar, según publica el diario El País.

Barboni invirtió U$S250.000 en 2001, a cambio de gestionar la ex estación central de AFE durante 30 años y adquirir además la playa de maniobras. El empresario pensaba desarrollar un negocio inmobiliario que incluía cinco torres de apartamentos, una torre de oficinas y un hotel. La empresa que debía entregar los bienes (una subsidiaria del Banco Hipotecario durante el gobierno de Jorge Batlle), entró en mora al no hacerlo, por lo que se iniciaron varios pleitos. La justicia dio la razón a Barboni en primera y segunda instancia. El gobierno planteó un recurso de casación ante la Suprema Corte que también falló a favor del demandante.

El último planteo del gobierno actual, es entregar los bienes, pero Barboni  ahora prefiere los U$S1.000 millones. Sin embargo el proceso de liquidación de la sentencia –que establecerá el monto que debe pagar el Estado- podría demorar años, por lo que al conocer la cifra exacta, podría haber un arreglo entre las partes.

 

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