Fiscal Carlos Negro seguirá investigando violaciones pese a la Suprema Corte

Negro, tiene varios casos en los que aún no hay procesados, y explicó que no había recurrido a la ley 18.831 (que declaraba los delitos de la dictadura imprescriptibles), en tanto entiende existen otras herramientas disponibles para seguir adelante con los juicios.

En ese sentido recordó las que establece el sistema internacional de los Derechos Humanos y las convenciones y tratados suscriptos por el país. Asimismo refirió a las obligaciones que impone el caso Gelman, que recusa aplicar las prescripciones, la no retroactividad de la ley, la amnistía ni la cosa juzgada, en los casos de graves violaciones cometidas durante la dictadura.

La otra forma de continuar luchando

“Siempre la fiscalía que tengo a cargo consideró que no correspondía aplicar esa ley: por lo tanto nunca la mencionó. Ahora ante una declaración de inconstitucionalidad de la norma por parte de la Suprema Corte, no afecta en medida alguna las investigaciones que esta fiscalía lleva a cabo y va a seguir adelante”, dijo el fiscal Negro a radio El Espectador.

Para el jurista, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene carácter obligatorio para Uruguay ya que se suscribió en 1985 en forma libre y soberana.

“A partir de ese momento el Estado se obliga a reconocer la Convención y la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, si se obligó a reconocer la jurisdicción de la Corte, se obliga a cumplir con los fallos de la Corte. Se obliga a todos los órganos del Estado, incluidos los jueces y los fiscales. Por lo tanto, como titular de una Fiscalía criminal, estoy obligado a aplicar los fallos de la Corte Interamericana”, concluyó.