Uruguay espera en mayo «primer fallo» en juicio con Philip Morris

Es posible que en «mayo tengamos un primer fallo, de un primer round de varios (porque) estos son procesos arbitrales que llevan bastante tiempo», señaló Diego Cánepa, jefe de la delegación Uruguaya ante el CIADI en París, a la local radio Uruguay.

Philip Morris demandó a comienzos de 2010 a Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, afirmando que con sus duras medidas antitabaco -implementadas en 2006- el país violaba un tratado bilateral de inversiones con Suiza, país donde tiene su sede la tabacalera.

«Las audiencias son mañana y pasado (martes y miércoles), hoy es el día de comienzo donde las partes se reúnen con el tribunal» y «en esta primera audiencia se va a discutir la jurisdicción», es decir si la compañía cumplió con todos los procedimientos legales necesarios para realizar la demanda», agregó el funcionario del gobierno de José Mujica.

En octubre de 2011 la tabacalera estadounidense cerró su planta en Uruguay y trasladó su producción local a sus instalaciones en la vecina Argentina.

Uruguay se convirtió el 1 de marzo de 2006 en el primer país de América Latina que prohibe fumar en espacios públicos cerrados y además exige advertencias sanitarias muy visibles en las cajillas de cigarrillos.

«Para nosotros es un caso muy importante, porque puede ser muy negativo para el país tener un caso adverso», a eso se suma que » hay mucha gente en el mundo que está mirando este caso que va a definir la relación que van a tener los estados con respecto a estas medidas», comentó Cánepa.

Las transnacionales del tabaco perdieron una batalla en agosto de 2012 con el gobierno de Australia después que la Justicia desestimara su recurso contra la ley que obliga a que los paquetes de cigarrillos sean homogéneos y sin publicidad.

La justicia de Australia desestimó una demanda de las tabacaleras contra los empaquetados genéricos, pero Philip Morris amenazó con una larga lucha jurídica internacional. AFP