El Estado cubrirá el 8% de sus vacantes con afrodescendientes

El proyecto apunta en su primer capítulo que los afrodescendientes en el país han sido víctimas “de la discriminación racial y la estigmatización desde el tiempo de la trata y tráfico esclavista”, por lo que considera que algunos paliativos pueden considerarse como “un acto de reparación de la discriminación histórica reconocida”.

Vacantes igual a la población

El diputado socialista Julio Bango, uno de los redactores del proyecto, explicó que el total de afrodescendientes en la población nacional es de un 8%, por lo que similar número en la administración pública aparece como lo adecuado.

En Uruguay, el 50% de los afrodescendientes está en situación de pobreza, y se estima en un 70% el porcentaje rechazado cuando buscan empleo en la actividad privada. El índice de desempleo, situado en el 6,7%, asciende al 14% en la colectividad afro, la mayoría de los cuales viven en Artigas, Rivera, Salto, y Tacuarembó.

El ingreso del 8% de afros a la administración pública se realizará por un período de 10 años, en el entendido que “se podría perpetuar el beneficio, y habría personas de otras razas que puedan no entrar”, explicó el diputado Bango. Paralelamente al beneficio se generarán cuotas en becas educativas y se analiza modificar la Ley de Inversiones, para que las empresas con afrodescendientes accedan a exoneraciones tributarias.