Controversia

Alertan sobre convenio entre INIA y Monsanto para producir soja transgénica en Uruguay

Semillas genéticamente registradas

El acuerdo entre el INIA y  Monsanto tiene como principal objetivo introducir  en su material genético de soja la tecnología “RR2Y-Bt” a efectos de hacerla disponible en los futuros cultivos de la mencionada legumbre.

Desde el INIA se argumenta que la tecnología que desarrolló la empresa multinacional combina la resistencia al herbicida “glifosato” con la resistencia a los insectos (lepidópteros), confiriendo a los cultivos “ventajas relevantes desde el punto de vista productivo y ambiental ya que potencialmente  posibilita  reducir la utilización de pesticidas”.

Además, el INIA asegura que la utilización de tal tecnología se encuentra en proceso de “desregulación para su uso a nivel comercial en Uruguay y está siendo validada en el marco de acuerdos  entre INIA y Monsanto”.

Sin embargo, representantes de la Comisión de Fomento Rural presentaron en las últimas horas a las autoridades del INIA sus reparos con el acuerdo firmado para producir soja transgénica.

La Comisión de Fomento Rural presentó a las autoridades del INIA un documento en el que plantea una serie de disconformidades con el funcionamiento del INIA, pero por sobre todo el rechazo a la firma del convenio con Monsanto y piden “explicaciones”.

En ese encuentro estuvieron presentes el presidente del INIA, Álvaro Roel y el director Alfredo Picerno, y por la CNFR, Mario Buzzalino, y el integrante de la Mesa Ejecutiva de la gremial y también representante en la Junta Directiva del INIA Joaquín Mangado.

Según publicó La Diaria, el convenio consiste en “el envío de tres variedades de soja a un laboratorio de Estados Unidos que trabaja para Monsanto, para que se les introduzcan los dos genes resistentes, uno a herbicidas y otro a insectos. Este trabajo demoraría unos tres años y el INIA deberá abonar 6.000 dólares por cada variedad”

Buzzalino dijo al mismo medio que “luego de los tres años de investigación, el INIA utilizaría esas variedades como fuente del material genético y de continuarla, en unos años más, se podrían generar variedades adaptadas al medio local. Esta segunda fase es la que no ha sido negociada aún. La patente del gen RR1, que actualmente se utiliza en Uruguay y que es propiedad de Monsanto, cae en 2014”.

“Es claro que Uruguay tiene que crecer en tecnología y la investigación genética es muy cara, pero sabemos que el mercado mundial de semillas lo manejan cinco empresas y estamos en contra de ese tipo de monopolios, porque se parece mucho a regalar la independencia, dijo Buzzalino.

Pedido de informes

Pero las voces de alerta sobre la firma del convenio también partieron desde el propio Frente Amplio.

En ese marco, el diputado por Tacuerembó, Edgardo Rodríguez (Movimiento de Participación Popular) remitió al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y al Instituto Nacional de Semillas un pedido de informes para conocer “en profundidad los alcances y las consecuencias del convenio”.

En la solicitud de informes, el legislador oficialista interroga por “los argumentos de la firma del convenio, sobre los derechos que adquiere Monsanto y qué participación va a tener la empresa con respecto a la semilla generada porque es necesario saber quién será el propietario de esa patente y por cuánto tiempo”.

Asimismo, la agrupación “REDES – Amigos de la Tierra Uruguay (REDES – AT)”, -organización que trabaja desde la perspectiva de la ecología social-, se manifestó contraria al acuerdo. La organización expresa en forma enfática su oposición a la firma del “convenio confidencial”, y alerta sobre “una nueva ofensiva de la empresa Monsanto en la región para la privatización de recursos fitogenéticos y el cobro de regalías”.

Monsanto es una empresa multinacional con sede en Estados Unidos,  proveedora de productos para la agricultura. Es conocida por producir el “glifosato”, un popular herbicida, bajo la marca “Roundup”, y también es productora de semillas genéticamente modificadas.

A la lo largo de su larga histórica ha generado controversias debido riesgo potencial o real de sus productos.

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