Abogados de Dirox analizan suspensión de la empresa decidida por el gobierno

El miércoles pasado se cerró un nuevo capítulo en la historia de la controvertida actuación de la empresa Dirox. Tras una auditoría ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente suspendió todas las actividades de la química que desde su instalación en Libertad (San José) ha sido objeto de denuncias por contaminación humana y ambiental. Según la resolución ministerial, la suspensión se hará efectiva hasta tanto la empresa «haya subsanado la totalidad de las no conformidades ambientales detectadas en la auditoría ambiental efectuada y se haya implantado un plan de gestión y prevención ambiental actualizado y adecuado a sus operaciones».

En diálogo con LA REPUBLICA, el director de Medio Ambiente, Aramis Latchinian, explicó que las siete no conformidades no implican que Dirox contamine. De hecho, «no hay evidencias de que la empresa esté generando contaminación ambiental», debido a que mediante los estudios efectuados «no podemos detectar un deterioro significativo en la calidad ambiental del entorno, pero esto no quiere decir que mañana no haya contaminación», aclaró. Ese riesgo existe porque si bien «la empresa tiene una política de mitigación de impactos y de remediación muy eficiente que opera cuando se genera algún tipo de incidente ambiental, no tiene una buena política de prevención ambiental».

Para llegar a estas conclusiones se realizaron análisis de calidad de agua superficial y subterránea, de suelos y de aire en la zona. El jerarca descartó que el acuífero Raigón esté contaminado por la actividad de Dirox.

La Dirección de Medio Ambiente (Dinama) le exige a la empresa «un plan de gestión ambiental implantado, de tal forma que le podamos asegurar a los vecinos que no genera un riesgo ambiental significativo». Agregó que con la decisión se procura «saldar un conflicto ambiental».

Consultado acerca de la decisión gubernamental de suspender la actividad de la empresa, el gerente general de Dirox, Carlos Lorenze, dijo a este matutino que no la comparte pero señaló que será acatada. Sin abundar en sus consideraciones, Lorenze anunció que el tema «está a estudio de nuestros abogados».

Dirox es «limpia»

LA REPUBLICA consultó a Latchinian en torno a la larga serie de irregularidades que constan en el documento de la intendencia de San José fechado el 26 de octubre de 2001 que habían determinado la clausura temporal de Dirox. Dicho documento establece que en aquel momento se había detectado contaminación con cromo debido a «la emisión de efluentes líquidos sin tratamiento adecuado, con grave riesgo para cursos de agua superficiales y reservorios subterráneos, la disposición indebida en suelos con la consiguiente contaminación de los mismos, el permanente incremento de residuos sólidos industriales tóxicos depositados en la planta industrial».

Al respecto, el jerarca ministerial dijo que «se auditó todo lo que dice el informe de la Intendencia de San José y todo eso está corregido». Sin embargo, Latchinian dejó entrever que no estar del todo convencido de la exactitud de los datos que figuran en el documento municipal.

El titular de medio ambiente considera que Dirox es una de las empresas «más limpias» que existen en el país.

Sin embargo, uno de sus principales problemas aún no resuelto es la disposición final de los residuos tóxicos. Es un problema para todas las empresas que generan residuos industriales puesto que el país no cuenta con rellenos de seguridad para disponerlos. En este sentido, se exige la elaboración de un plan de gestión de residuos que, a juicio del jerarca, debería comprender la inertización de los residuos para que puedan ser dispuestos en cualquier relleno sanitario del país.

Respecto a las últimas protestas de los vecinos que se quejaron de que el aire de la zona es irrespirable y que les irrita las vías respiratorias, Latchinian señaló que «no encontramos nada que pudiera provocar esas molestias».

No cerramos por presiones

Aunque Latchinian dijo claramente que uno de los motivos fundamentales de la drástica decisión es el llevarle tranquilidad a los vecinos, aclaró que «ni cerramos ni abriremos la planta por presiones de ningún sector. Esta decisión es independiente de las presiones y denuncias que existen».

Los vecinos también fueron considerados como parte de la auditoría. Se realizaron «más de 20 entrevistas calificadas a actores sociales. Los vecinos expresaron 107 tipos de disconformidades pero –coincidiendo con nosotros–la más frecuente es el riesgo de que algo ocurra».

Entre las denuncias que caben recordar respecto al funcionamiento de la empresa desde su instalación en 2000 se destacan la no inclusión de la generación de efluentes líquidos contaminados en su Plan de Gestión Ambiental, la distribución de palets contaminados con cromo 6 (cancerígeno según la Organización Mundial de la Salud OMS) entre los vecinos, la contaminación de dos trabajadores y el traslado de residuos tóxicos en volquetas y barométricas sin autorización.

Cabe recordar que está en curso una demanda civil presentada por el fiscal civil de tercer turno, Enrique Viana contra Dirox y el Ministerio de Vivienda por contaminación. *