Contrataciones bajo la lupa

Desde dudosos contratos de obra hasta injustificables cargos con rangos diplomáticos en Italia, por citar algunos ejemplos de los que diera cuenta LA REPUBLICA en reiteradas oportunidades, el pago de favores políticos a través de la creación de cargos que violan las normativas vigentes establecidas en diferentes ámbitos sigue siendo moneda corriente en el seno de la administración pública.

Según documentos que obran en poder de LA REPUBLICA, una situación de esta índole estaría ocurriendo en la ANEP a partir de una decisión adoptada por el Consejo Directivo Central.

Este organismo resolvió designar, según consta en el acta 13, expediente 4-149/02 con fecha 19 de marzo de 2002, en el escalafón C grado 1/3, con carácter contratado en régimen de 30 horas semanales, a Walter Mariano Costa Acuña para cumplir funciones en la secretaría del consejero Eduardo Castellanos.

El acta de resolución señala textualmente que «la propuesta elevada por el Consejo de Educación Técnico Profesional, a efectos de designar al Sr. Walter Mariano Costa Acuña» detalla en el «Considerando» que «el desconcentrado informa que existen vacantes en el Padrón de Contratos de Función Pública (sic)».

La resolución fue firmada por el secretario general del Consejo Directivo Central (Codicen), Roberto Silva García, y el vicepresidente del organismo, Roberto Scarsi. Hasta aquí, en apariencia, no habría irregularidades. Sin embargo los documentos oficiales, incluidas declaraciones juradas, en poder de este matutino dejarían entrever un nuevo caso de tráfico de influencias y el pago de favores políticos con cargos.

La historia y sus protagonistas

De la documentación se desprende que Eduardo Castellanos, consejero de la Administración Nacional de Educación Pública y de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) pasó por alto al menos dos artículos de la Ley de Educación Nº 15.379 del 28 de marzo de 1985 y de la ley 16.115 del 3 de julio de 1990, con la que fue nombrado en ese cargo.

Cabe recordar que Castellanos ya fue consejero en el período 1991-1995, por lo que debería conocer claramente las normas de la ANEP.

El artículo Nº 19, numeral 7º, de la ley 15.739, establece la obligatoriedad del concurso para el ingreso y ascenso del personal administrativo. El nombramiento de Walter Mariano Costa Acuña para cumplir funciones en la secretaría del consejero Eduardo Castellanos, quien además es abogado, no cumplió con ese requisito.

La segunda presunta irregularidad se desprende de la ley de la Administración Central, que abarca a organismos descentralizados como en este caso, así como de los Estatutos del Funcionario no Docente que establece con total claridad la prohibición de tener en relación de dependencia a familiares.

El consejero Castellanos está casado con Shirley Acuña –en sus respectivas declaraciones juradas de la ANEP aparece el mismo domicilio–, y el nombrado Costa Acuña es hijo de la esposa de Castellanos.

Otro punto oscuro de la historia es que la Declaración Jurada de la Situación del Funcionario No docente de Costa Acuña lleva al pie la firma del consejero Castellanos, su padrastro. Pero ésta no es la única irregularidad constatada en el documento oficial de la ANEP. En el ítem 3, bajo el título «Situación actual de cargos desempeñados en UTU» y la forma de acceso a la situación se declara que la posesión del cargo es a partir de 4 de enero de 2002.

El punto de marras es que para una declaración jurada ninguna persona puede comenzar a ejercer un cargo hasta la designación por resolución y, en este caso, el acta de resolución por el cual Costa Acuña accede el cargo está fechada el 19 de marzo de 2002.

Es decir, que entre la toma de posesión del cargo (4 de enero) y la fecha de resolución (19 de marzo) median 67 días «retroactivos» con el consiguiente beneficio remunerativo para Costa Acuña.

Lo primero es la familia

Otra contradicción en las huestes de la ANEP: los privilegios de ser administrativo del doctor Castellanos no se condicen con la situación que viven los docentes de Uruguay. Además del sueldo que percibe Costa Acuña por trabajar en la secretaría de su familiar Castellanos, se le estaría abonando 4.500 pesos uruguayos sin descuentos, justamente por estar en esa secretaría, más un cuarenta por ciento sobre todas las retribuciones.

Paradójicamente, un funcionario de carrera con antigüedad y cuarenta horas semanales de trabajo no alcanza a percibir 2.700 pesos.

Otra casualidad. Como se dijo, el acta de resolución lleva la firma del vicepresidente del Codicen, Roberto Scarsi, que, al igual que Castellanos, pertenece al sector del Herrerismo (Partido Nacional). El consejero Castellanos es convencional nacional por la Lista 400 de Canelones, liderada por la senadora Julia Pou de Lacalle, y Scarsi integra el Herrerismo. *