Proponen que el servicio de guardavidas ingrese a los presupuestos municipales

El proyecto a consideración de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, de la Cámara Baja tiene como objetivo cubrir el vacío legal existente en la materia respecto a la financiación del servicio de guardavidas.

De aprobarse, ese servicio será resorte exclusivo, y responsabilidad de las intendencias, por lo que los gobiernos municipales deberán anexarlo a su presupuesto.

«La idea es establecer por ley la responsabilidad de las intendencias municipales que deben hacerse cargo de brindar este servicio», señaló el diputado Roberto Conde a LA REPUBLICA.

Como ejemplo, el legislador citó la situación que se vive actualmente en Rocha, un departamento básicamente turístico y que, paradójicamente, no posee en la presente temporada de playas servicio de guardavidas. Por un lado, el intendente rochense, Irineu Riet Correa, aduce que los serios problemas económicos que atraviesa su gobierno municipal lo imposibilitan de proporcionar el servicio.

A su vez, al no existir norma jurídica que obligue a las comunas a hacerse cargo de la situación, se cae en lo que el diputado catalogó como de vacío legal en la materia.

Hace dos años, una situación similar se vivió en la costa canaria donde, a raíz del conflicto desatado en el sector por la tercerización del servicio, las playas no estuvieron vigiladas y se registraron varios casos de ahogados.

«Si bien la Prefectura tiene la función de policía de la costa, hay un vacío legal. De ahí que, en caso de que el proyecto se transforme en ley, estas cosas no volverán a ocurrir. Después habrá que discutir cuál será la dotación presupuestal para que las intendencias otorguen el servicio», manifestó Conde.

También en piscinas

El proyecto de ley refiere además a la función de los salvavidas, especificando que el único documento reconocido como título habilitante para desempeñar la función será el expedido por el Instituto Superior de Educación Física (ISEF).

En cuanto al período de prestación de servicios para costas y playas se establece un mínimo de ciento veinte días, -desde el 8 de diciembre-, y una jornada laboral de seis horas. En caso de extenderse a más horas, éstas serán consideradas como horas extraordinarias al momento de ser abonadas.

Otro de los artículos refiere a la creación de una asamblea técnica nacional, integrada por dos representantes de cada asamblea técnica departamental elegidos por voto secreto, con la finalidad de asesorar a las intendencias al momento de brindar el servicio.

Otra particularidad del proyecto es que la obligatoriedad del servicio se extiende a lagunas, muelles, espigones y piscinas de clubes deportivos y sociales. En este último caso, señala el documento, también será cometido del correspondiente gobierno municipal supervisar que estas instituciones provean el servicio.

«El servicio podrá ser tercerizado, como en el caso de Canelones que se licita, pero las intendencias tendrán que hacerse cargo de inspeccionar y que se cumpla lo acordado. De lo contrario serán pasibles de responsabilidades», afirmó el representante nacional. *