Docentes destituidos por la dictadura buscan ser reparados

La decisión del Poder Ejecutivo afecta a unos 150 docentes destituidos durante la última dictadura. El gremio de los maestros entiende que esa decisión debe ser revocada ya que si bien la ley Nº 15.783, conocida como «ley de restituidos», contemplaba a esos docentes para que pudieran optar por jubilarse o continuar dando clase, en la práctica esto no ocurrió.

En 1992 el Parlamento aprobó la ley 16.320, que en el artículo 423 contemplaba la jubilación por la ley 15.783, en caso de no haber sido recompuesta la carrera docente. Sin embargo, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) entendió que con sólo reconocer los años de destitución como trabajados se cumplía con dicha recomposición.

Fernando Berro, uno de los docentes perjudicados, dijo a LA REPUBLICA que, en los hechos, los educadores que optaron por continuar en actividad nunca quedaron en igualdad de condiciones con respecto a quienes hicieron la carrera durante la dictadura.

«Esta interpretación (del Codicen) fue restrictiva y desvirtuó lo estipulado por ley. Incluso Primaria no estuvo de acuerdo con la interpretación del Codicen que, contrariamente a lo que se implementó en los demás organismos estatales, entendió otra cosa. El reconocimiento de los años que no pudimos trabajar es parte de la reparación, pero no toda. Por ejemplo, falta el escalafón que correspondería a ese tiempo», manifestó Berro.

Diez años de reclamo

Finalmente, la derogación de la ley 16.320 a través del plebiscito que eliminó las reformas hechas al sistema jubilatorio impulsó la aprobación de una nueva norma (Nº 16.824) que restableció los derechos perdidos. El actual proyecto había sido aprobado por unanimidad en Diputados durante la legislatura anterior, pero por falta de tiempo no llegó a tratarse en el Senado, por lo que todo volvió atrás. La Cámara de Representantes lo ratificó nuevamente durante la presente legislatura y el Senado lo aprobó el 10 de diciembre pasado. Sin embargo, el 20 de diciembre el Poder Ejecutivo decidió vetarlo. «El derecho a la plena recomposición está vigente desde 1985. Fuimos reincorporados y quedamos a la espera de que la Administación cumpliera con lo establecido. En 1992, al no haber obtenido la reparación, inciamos los reclamos correspondientes a través del gremio, en el Parlamento. Durante todos estos años el Codicen nunca procedió a la plena recomposición de la carrera, es decir, a la reparación funcional», manifestó el gremialista. Berro recordó que durante la administración Lacalle todos los diputados (incluidos los del Partido Colorado) aprobaron la referida ley, situación que cambió durante la actual legislatura. «Esta vez no contó con los votos de los diputados colorados. El Partido Colorado adujo, sin pronunciarse nunca sobre la justicia del reclamo, que como incluye materia jubilatoria la reparación debe ser iniciativa exclusiva del gobierno. Este argumento fue rebatido por otros legisladores y los abogados de nuestro gremio, que coinciden en que es una ley con carácter interpretativo», manifestó el docente. *