Malas noticias para los países pobres y endeudados

En 1990, los países en desarrollo en total estaban pagando sólo el 3,8 por ciento (163 mil 800 millones de dólares) de su PBI conjunto a los países ricos que eran sus acreedores. En 2000, estas cifras fueron más del doble (398 mil 900 millones), más del 6 por ciento del PBI conjunto.

En 2000, los países subdesarrollados estaban pagando siete veces más por concepto de servicio de la deuda de lo que estaban recibiendo en ayuda.

En este contexto, la iniciativa adoptada en 1996 por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a favor de 42 países pobres fuertemente endeudados (conocida con la sigla HIPC) resulta poco convincente. Conducida, como lo está, por un grupo de acreedores (las instituciones multilaterales, encabezadas por el Banco Mundial) que establece las reglas para otros grupos de acreedores (incluyendo tanto a los acreedores comerciales y al Club de París de gobiernos acreedores) la HIPC está desmoronándose.

Dado que no se está aplicando a la cuestión central de las deudas impagables y porque no aparece como independiente tanto de los deudores como de los acreedores, el proceso es visto como injusto e ineficaz. Las limitaciones y condicionantes puestas al alivio de la deuda de la HIPC por los programas del FMI han sido censuradas con dureza por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tanto en el Norte como en el Sur del mundo y fueron calificadas de mecanismos económicos velados para transferir recursos de los países deudores a los acreedores.

Ahora, además, la iniciativa está bajo amenaza por parte de otro sector: los acreedores no participantes en ella, incluyendo a organizaciones mercenarias como Executive Outcomes (un grupo empleado para combatir contra el gobierno en Sierra Leona) y a gobiernos como Irak y Taiwan, que se rehúsan a cancelar su porción de las deudas de los HIPC.

Uno de los principios centrales de la iniciativa HIPC es una regla fundamental de la ley de bancarrota, o sea que todos los acreedores deberían ser tratados equitativamente y que todos los acreedores deberían compartir la carga de las pérdidas. La no observancia de ese principio puede socavar todo acuerdo para la reducción de la deuda. Ello sucede cuando unos acreedores tratan de mantenerse fuera de un acuerdo y esperan que otros acreedores procedan a aliviar la deuda, de modo de ganar una mayor porción de la torta restante.

Jubilee Research, una organización que se especializa en deuda internacional y rastrea las actividades de los acreedores y de los deudores soberanos, ha señalado que la disposición de compartir equitativamente la carga por parte de los acreedores contenida en la HIPC está ya siendo violada por el FMI y el Banco Mundial al colocarse en una posición privilegiada para el cobro de sus propias deudas.

Para ciertos países, algunos de los cuales no son siquiera miembros del Banco Mundial y del FMI, la HIPC no significa nada. Ellos quieren su dinero y lo quieren de vuelta rápidamente. Y los acreedores están además recurriendo cada vez más a los litigios para hacer cumplir sus demandas. Al menos diez de los países pobres fuertemente endeudados están enfrentando procesos que debieron haber sido cancelados bajo la iniciativa HIPC.

La negativa de ciertos acreedores es una mala noticia para los países pobres fuertemente endeudados, la mayor parte de los cuales no verán llevadas sus deudas a niveles «sostenibles» según los criterios de la HIPC. Y para aquellos que están enfrentando procesos se trata nada menos que de un desastre.

La cuestión de los acreedores que no participan en la iniciativa HIPC o que recurren a litigios no ha pasado inadvertida para los líderes mundiales, lo que les hace honor. Como resultado de ello, en la Cumbre del G-8 en Kananskis de junio de 2002 se acordó tomar una serie de acciones para asegurar una total participación de los acreedores en la iniciativa HIPC. Pero, hasta la fecha, los progresos en ese sentido han sido muy lentos y sus efectos demasiado pequeños.

La solución a largo plazo sería la de poner en funcionamiento el Jubilee Framework para la insolvencia internacional, por medio del cual la deuda de los países pobres fuertemente endeudados sería tratada como la deuda de los países de ingresos medianos. Este sistema se basaría en el Capítulo 9 de la ley de bancarrota de Estados Unidos (como fue propuesto por el profesor Kunibert Raffer) y permitiría a los países que están luchando contra las insostenibles cargas de la deuda hacer lo mismo que hizo Enron, poder declararse de hecho insolventes para gozar de protección legal contra sus acreedores al mismo tiempo que aseguran que sean respetados los derechos humanos fundamentales de sus pueblos; poder llenar los requisitos para obtener una financiación provisional mientras son reestructuradas sus deudas y poder entablar, dentro de un marco transparente de justicia, negociaciones con sus acreedores.

Los países del G-8, las instituciones de Bretton Woods y el Club de París deberían hacer efectivos los compromisos asumidos en la Cumbre de junio pasado del G-8. A la larga, sin embargo, las cuestiones de la falta de participación de los acreedores en la iniciativa HIPC y, en particular, la de los acreedores que entablan litigios podrán ser resueltas solamente bajo el Jubilee Framework. (ESPECIAL DE IPS PARA LA REPUBLICA)

 

 

(*) Romilly Greenhill y Ann Pettifor son, respectivamente, investigadora y directora de Jubilee Research.