ONG de mujeres buscan controlar gastos del Estado en materia social

El documento, que surgió de la declaración del Plenario Extraordinario ampliado del organismo, agrega que los costos de la crisis se distribuyen sin equidad entre hombres y mujeres, al tiempo que propone la creación de instancias de coordinación intersectorial pública y privada, para abordar la difícil coyuntura que atraviesa Uruguay.

Se solicita, además, acordar las estrategias políticas de salida de la crisis en condiciones de democracia garantida, la promoción de las mujeres en esas instancias de articulación entre sociedad civil y Estado y, fundamentalmente, la vigilancia de los mecanismos y fondos de implementación de las políticas sociales, de manera que se respete la dignidad de las personas y se dé cuenta de la transparencia en la gestión.

«Frente a la profunda crisis económica y social que enfrenta el país, las organizaciones de mujeres señalamos que la desocupación, desregulación, el empleo precario y la baja del salario, unidos al recorte de las políticas sociales, están generando sectores vulnerables en la población cada vez más desguarnecidos. La incertidumbre, el miedo y la desesperanza son los sentimientos más difundidos en la sociedad», expresa el documento.

Cristina Grela y Cristina Gómez, integrantes de la coordinadora de la comisión, explicaron que otro de los objetivos es que la organización civil se transforme en parte activa a la hora de elaborar propuestas y que éstas sean tenidas en cuenta desde el Estado.

Iniquidad de géneros

La desigualdad numérica de la mujer en cargos de dirección, legislativos o ejecutivos comparativamente con el hombre, es otro de los planteos de la Comisión de Seguimiento. Esta iniquidad se debe a la falta de oportunidades que, en realidad, esconde una marginación de género.

De hecho, ningún cargo ministerial o de subsecretaría, está ocupado por una mujer; tampoco ninguna está al frente de una intendencia. En el ámbito legislativo, sólo doce mujeres ocupan una banca en el Parlamento.

«Si bien en el Parlamento hay mujeres, cuando llega el momento de tomar puestos de decisión, se mantiene la misma pirámide. En cierta medida, se siguen extendiendo los roles domésticos a otros lugares. No estamos presentes en todos los lugares en condiciones de equidad», manifestaron las entrevistadas.

El documento agrega que «la crisis actúa sobre formas de iniquidad ya existentes en la sociedad, agudizándolas y agravándolas. Por eso es sustancial que tanto en los diagnósticos como en la búsqueda de alternativas, a las tradicionales dimensiones socioculturales y económicas, se les sumen las de edad, etnia y género para construir soluciones integrales».

Se agrega que la sectorización desmedida «no sólo malgasta recursos, sino que disminuye la eficacia de las acciones. No es posible abordar la exclusión social con medidas aisladas. La profundidad de la crisis impone la necesidad de diseñar y aplicar políticas sociales que contemplen la equidad entre los géneros».

En este contexto, la Comisión de Seguimiento cree «imprescindible» reconocer y respetar las diversas formas de participación que coexisten, enfrentando la coyuntura.

«Estas deben tener canales de expresión y posibilidades para decir sobre la definición de acciones, la destinación de recursos, la discusión de alternativas, valorando tanto a los mecanismos de hacer política, como a los distintos actores. Son necesarias las instancias democráticas permanentes, locales y nacionales, entre Estado y sociedad civil, para diseñar políticas sociales que apuesten a una reestructuración equitativa y no discriminatoria», expresa el documento.

Seguimiento e incidencia

La Comisión Nacional de Seguimiento fue creada a través de una asamblea general de mujeres en 1996, luego que, un año antes, 14 representantes de organizaciones no gubernamentales presentaran un documento sobre la situación de la mujer en nuestro país en la Cuarta Conferencia de la Mujer, realizada en Beijing.

«Finalizada la conferencia, creímos que era necesario continuar trabajando conjuntamente la sociedad civil y el Estado, tal como se propuso en la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos en 1993. Aquí no se acostumbra que el Estado ceda un espacio a la sociedad civil para que ésta realice un seguimiento de las propuestas y dineros públicos», manifestó Grela.

Esta decisión, señalaron las entrevistadas, no fue bien recibida por el Estado, debido a que Uruguay no tiene antecedentes de este tipo.

«Al principio tuvimos bastantes problemas. Algo así que cómo era que la sociedad civil fiscalizaba al Estado. No se trata sólo de votar. Por el contrario, creemos que el servicio pleno de la ciudadanía pasa también por saber cómo se está manejando el Estado», afirmó Gómez. *