Tiene la palabra

Los legisladores no tienen la posibilidad de abstenerse

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* En muchos parlamentos, cuando el legislador debe manifestarse a través del voto, dispone de tres opciones: la afirmativa, la negativa y la abstención, todas ellas igualmente legítimas.

No es así en el nuestro, en el cual sólo se puede votar por la afirmativa o la negativa, de manera que si el parlamentario resuelve abstenerse por las razones que fuere, no le queda otra alternativa que retirarse del recinto.

La reciente votación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley sobre aborto demostró, por los comentarios difundidos, que esto no es sabido por gran parte de la opinión pública, de manera que se interpretó que los legisladores que nos ausentamos en el momento de la votación rehuíamos nuestras responsabilidades a la hora de poner la cara, se nos comparó a Poncio Pilatos y otras lindezas por el estilo.

Nada más lejos de la realidad.

En nuestro caso, hemos sostenido sistemáticamente desde el aula universitaria que el aborto consentido por la mujer no debía generar responsabilidades penales, y en tal sentido estamos de acuerdo con la filosofía general del proyecto aprobado por la Cámara.

Pero enfrentados a su articulado nos encontramos con una serie de soluciones legales –la mayoría, me permito agregar– que honestamente no podíamos acompañar.

La prescindencia total de la opinión del progenitor, ni siquiera en la familia legalmente constituida; la posibilidad de que un juez pueda decretar el aborto de una mujer deficiente mental, siendo que el Estado de su mente no obsta necesariamente al despertar de su instinto materno; la solución al tema del aborto eugenésico; el capítulo penal, impotable en nuestra modesta opinión; así como otros aspectos planteados por varios diputados, me llevaron a la conclusión de que si bien la intención general del proyecto era plausible, las soluciones legales propuestas generaban una divisoria en el seno del mismo.

Resolví pues abstenerme a través del único medio que un parlamentario uruguayo dispone para ello o sea retirándome de la Cámara en el momento de la votación.

Pero como si hubiera tenido una premonición de las repercusiones de esa actitud, siete días antes de la votación, o sea en la sesión del martes 3 de diciembre, luego de explicar nuestras razones (algunas de las cuales fueron recogidas por Ultimas Noticias y LA REPUBLICA) agregamos, tal como surge de la versión taquigráfica: «No queremos hacerlo (retirarnos para manifestar nuestra abstención) sin expresarlo públicamente para no rehuir nuestras responsabilidades», manifestando a renglón seguido que sabíamos que dejaríamos desconformes a tirios y troyanos.

O sea que si de «costos políticos» se trata (concepto que no termino de asumir) tenía claro que la abstención era la más gravosa de las opciones, pero la que, en el acierto o en el error, traducía más fielmente lo que me dictaba mi conciencia.

Si hubiéramos querido escabullirnos nos habríamos cuidado muy bien de no adelantar nuestra postura en la Cámara una semana antes de la votación.

Pero no vacilamos a la hora de tomar las decisiones que nos dicta nuestro leal saber y entender, por impopulares que pudieran aparecer a los ojos de algunos, porque va en ello nuestra propia credibilidad.

Agradezco al señor Director la publicación de estas líneas.

Atentamente,

NAHUM BERGSTEIN – REPRESENTANTE NACIONAL

 

Interpretando la Ley de Caducidad

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* El país tiene bastantes problemas como para que todavía haya compatriotas que estén jugando a la hipocresía política. No es compatible con el difícil momento que estamos viviendo, que por un lado haya jueces y fiscales que interpreten antojadizamente textos legales y en algunos casos hasta violando las propias normas; y por otro lado, operadores políticos, particularmente de izquierda que están haciendo un verdadero chicle de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley Nº 15.848).

Creemos en nuestra justicia y su independencia pero hoy vemos, como algunos de sus integrantes –muchos de ellos formados profesionalmente bajo el régimen de facto– no pueden disimular sus inclinaciones partidarias. Es así que dejan traslucir con asiduidad las ideologías que profesan, dictando fallos que muchas veces son difíciles de comprender pero que tienen como característica común la inadvertencia del espíritu de aquella ley que tiene como premisa la pacificación del país, luego de los hechos que todos conocemos. Tampoco aprecian que la norma legal fue dictada por un parlamento democrático y refrendada por la mayoría del pueblo uruguayo.

Algunos sectores de la izquierda, como también algunos medios de prensa, apoyan esos procederes sin considerar que esa actitud con ribetes de revanchismo, puede, en determinado momento, volverse en su contra, como ocurrió recientemente en el conflicto generado por el enfrentamiento entre la Intendencia Municipal de Montevideo y Adeom.

Lo expuesto es uno de los motivos que nos ha llevado a presentar un proyecto de ley interpretativo de la Ley 15.848, abarcando así la conducta tanto de funcionarios militares y policiales y los equiparados y asimilados, como de los civiles que hubieren participado a cualquier título en el marco de enfrentamientos que dio mérito a la sanción de la Ley Nº 15737 de 8 de marzo de 1985, por lo cual se declaró la amnistía de todos los delitos políticos, comunes y militares conexos con éstos, cometidos a partir del 1º de enero de 1962, incluyendo a los integrantes del movimiento terrorista «tupamaros» y otras fracciones violentistas.

El espíritu de las leyes referenciadas no fue otro repetimos, que obtener la pacificación del país, superando los enfrentamientos del pasado a fin de habilitar el resurgimiento de una verdadera reconciliación entre todos los orientales.

Como lo expresamos en la exposición de motivos de nuestro proyecto, era evidente que al 1º de marzo de 2000 los fines perseguidos no se habían cumplido en su totalidad. Al asumir su mandato el Presidente doctor Jorge Batlle reclamó sellar la paz entre todos los uruguayos expresando que era una responsabilidad que todos debíamos asumir.

Para concretar esa aspiración fue que se creó la Comisión para la Paz la que, pese a su labor, no ha evitado que desde determinados sectores se hayan desvirtuado en forma paulatina y sistemática, no sólo los objetivos de la Ley 15.848, sino la propia gestión de la Comisión indicada, sucediéndose las recurrentes denuncias que se efectúan periódicamente contra militares, policías y aún civiles.

A esta altura nos preguntamos qué actitud hubieran tomado esos integrantes del Poder Judicial y los propios grupos de izquierda si el pueblo en la jornada del 16 de abril de 1989, hubiera derogado mediante el voto «verde» la Ley de Caducidad y hoy se procediera como se hace actualmente, con interpretaciones elásticas y dirigidas claramente hacia cierto sector, sin respetar el sentir de la ciudadanía. No nos cabe duda que estaríamos enfrentados a un verdadero caos.

Esta situación es la que queremos evitar mediante una interpretación auténtica de la Ley 15.848 y por lo tanto obligatoria, dejando claramente establecido que dicha norma sanciona una verdadera amnistía, ya que se refiere a hechos y no a personas.

Materializaríamos el fin preanunciado de pacificar definitivamente al país, sellando la paz que la gran mayoría del pueblo oriental pretende y merece.

Esa es nuestra mayor aspiración.

DANIEL GARCIA PINTOS – REPRESENTANTE NACIONAL

 

Pirarajá sin comunicación

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* Soy habitante de la localidad de Pirarajá en el Departamento de Lavalleja. Es un pueblo de 1.000 habitantes aproximadamente; queda a 217 km de Montevideo, sobre la ruta 8 y a 100 km de la ciudad de Minas, capital departamental.

En el pueblo tenemos policlínica del MSP, Escuela Pública hasta 8º grado (2º de Ciclo básico); Oficina de OSE, UTE, Juzgado de Paz, Seccional Policial, Junta Local, Sucursal de Correo, Escuela Agraria de UTU y Agencia Telefónica de Antel.

Pero mi inquietud es la siguiente: la señora contratada por Antel ha renunciado porque se fue de la localidad y como no hay nuevos contratos telefónicos las autoridades han decidido que la Agencia se cierre.

Esto nos preocupa enormemente porque la Agencia funciona los 365 días del año de 7 a 23 horas. en forma ininterrumpida. Tiene servicio de fax nacional e internacional, servicio de telégrafo, servicio de cabina, información de guía, cobranza de facturas todo el mes, reparto a domicilio de las mismas y de telegramas, venta de tarjetas chip y de Ancel. Si alguien se atrasa en el pago de la factura y al mes siguiente le vienen los dos meses juntos, la Agencia pide la modificación de factura a la oficina de José Pedro Varela y el usuario puede abonar sólo un mes, de acuerdo a su economía.

A todos los abonados de Ruralcel de la zona se les avisa por teléfono cuando llega la factura.

Es una agencia que recauda entre $ 11.000 y $ 12.000 mensuales, más $ 60.000 aproximados de las facturas cobradas; pero más allá de la parte comercial está la función social que cumple la Agencia ya que nuestro pueblo se caracteriza por tener una población en su mayoría ancianos. ¿qué pueden hacer éstos con una tarjeta frente a la aridez de un mudo teléfono público?

Muchas veces no ven los dígitos para marcar o no conocen la característica de las localidades.

Esta situación preocupa a la población en el comienzo del año 2003. ¿Quedaremos incomunicados?

¿Dónde están los adelantos, el progreso, la tecnología? ¿Es sólo para las grandes ciudades?

Hemos recogido alrededor de 500 firmas para tratar que alguien revea este tema pero ahora nadie las puede o quiere recibir. Las autoridades no dan audiencia, ni siquiera hay un secretario que tenga cinco minutos para recibir nuestro sobre con las firmas de un pueblo que utiliza a diario el servicio de Antel y lo quiere seguir usando. Es más, necesitamos tenerlo.

Le agradezco difunda esta carta en su prestigioso medio de comunicación.

Es una pena que no estemos en época electoral. Estoy segura de que sería otra la situación.

Habría más de un político dispuesto a oírnos, a recibirnos y también ¿por qué no? a compartir un asado.

Saluda a usted atentamente,

CI 1.165.475-1

 

Denuncian irregularidades en el Servicio Mutuo de Bienestar Social

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* Nos dirigimos a usted para ver si es posible publicar en su periódico esta denuncia pública de las irregularidades cometidas por el Servicio Mutuo de Bienestar social (SEMU) de funcionarios y ex funcionarios del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Dicha institución fue creada y está dirigida actualmente por funcionarios y ex funcionarios del mismo, comenzó por los años 80 y el objetivo de ésta es brindar a su afiliado jubilado o pensionista beneficios económicos o de cualquier otra índole que le permitiera mejorar su situación al momento de comenzar a percibir su pasividad. Pero esto no es así, dado que en mi caso particular como el resto de los pasivos que somos aproximadamente 1.100, aportamos durante 19 años o más una cuota mensual y consecutiva que considero elevada y no hemos recibido nada hasta la fecha.

Mi caso puntual es de 15 meses de jubilado y yo como el resto de los pasivos sentimos que fuimos estafados por nuestros propios compañeros.

Creemos que existe una ley que ampare nuestros derechos en cuanto ellos hacen valer los suyos cuando prestan el dinero de sus propios socios y en caso de atraso en el pago hacen retenciones judiciales.

¿Nosotros los pasivos afectados no tendremos los mismos derechos y hacer acciones judiciales a dicha institución?

UN DAMNIFICADO – CI 1.059.754-2