La Iglesia Católica decidió anoche desobedecer ley sobre matrimonios

El arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, dio la orden a todos los presbíteros y diáconos de otorgar el sacramento matrimonial a quienes se casaban ayer, sin tener en cuenta la prohibición legal, establecida a comienzos del 1900 cuando se separó el Estado de la Iglesia.

Más allá de si a última hora de ayer, se alcanzaba, como finalmente ocurrió, una solución al conflicto de los funcionarios del Registro Civil, para la Iglesia de Montevideo las cartas ya estaban echadas.

Era la primera vez que los funcionarios estatales decidían no casar. En varias oportunidades, la medida adoptada era la de suspender las inscripciones, pero los casamientos previamente fijados igualmente se hacían. Finalmente, pasadas las 20 horas de ayer se llegó a una solución, y algunas parejas que aguardaban la resolución de la asamblea de funcionarios en las afueras del Registro Civil, pudieron unirse legalmente en matrimonio. Todo fue nervios y apuros. Incluso, hubo casos de mujeres que ingresaron a la oficina estatal con el vestido de novia.

Ley trasnochada

Lo que parecía una complicación para los novios, sus familiares y la propia Iglesia por el impedimento de casar, se transformó en una acción dentro de la Iglesia Católica para reclamar la anulación de una ley que a su entender «no tiene sentido». Legalmente la Iglesia Católica, a diferencias de otras, no puede otorgar el sacramento matrimonial si antes la pareja no se casó por civil.

Por la mañana, numerosas parejas que se encontraron con la sorpresa que no serían casados por el Estado, fueron presurosos a golpear a las puertas del arzobispado para saber qué pasaría con la fiesta religiosa.

Monseñor Cotugno decidió desoír el impedimento legal anunció que se realizarían las ceremonias religiosas tal como estaban pactadas y comunicó su decisión a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, solicitando además que se resolviera el problema existente.

Antes que se conociera anoche que los funcionarios levantaban las medidas, el padre Javier Fernández, párroco de San Pancracio manifestó que mañana casará a una pareja que el viernes no pudo casarse a causa del conflicto.

El prelado explicó que con esta ley, el Estado se está entrometiendo en la decisión de la pareja de casarse por la Iglesia. «Algunos afirman que el derecho privado no debe ir sobre el público, pero no entienden que el objeto de contrato (casamiento religioso) es algo diferente».

No podrán llevar a las cárceles a la pareja ni al religioso por casarse sin previamente pasar por el civil», dijo desafiante Fernández, al insistir con que nadie tendrá en cuenta la penalización que determina esta «ley trasnochada».

El vicario pastoral, Jorge Techera explicó que generalmente un centenar de parejas se casan por la iglesia los fines de semana.

«A raíz de este conflicto con los funcionarios del Registro Civil, es conveniente replantearse la eficacia de la norma, ya que el Estado no pena el concubinato por lo que tampoco es oportuno hacer lo mismo con las ceremonias religiosas», afirmó el sacerdote.

El origen de la medida

En horas de la noche, la Asociación de Funcionarios del Registro Civil (Afureci) levantó el paro gremial resuelto el jueves, luego que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se prometió a los 240 funcionarios, el pago de la partida anual de dos mil pesos en tiques alimenticios.

La paralización total de las actividades del Registro Civil afectó, colateralmente, a medio centenar de parejas que ayer iban a contraer matrimonio. También se había decidido no anotar parejas.

La dirigente gremial Mercedes Peláez afirmó a LA REPUBLICA que el conflicto se debió a que «nos iban a pagar un dinero que era nuestro y que estaba comprometido durante todo el año. El dinero iba a ser abonado ayer, pero el jueves el Ministerio de Economía nos envió un comunicado informando que no lo iba a abonar. Esto no sólo perjudica a los trabajadores del Registro Civil, sino a otras unidades ejecutoras pertenecientes al Ministerio de Educación y Cultura. Por eso decidimos adoptar la medida de no anotar ni casar durante cuarenta y ocho horas».

El sindicato sostiene que las resoluciones adoptadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determinan que los trabajadores vuelvan a sufrir una nueva «quita» de salario real. En momentos en que el país vive una de sus mayores crisis «nos encontramos con la insensibilidad del gobierno de coalición que recorta los ingresos y a lo que se debe sumársele que en este sector se cobran salarios de hambre», afirmaron ayer voceros sindicales. *