Buenos Aires debate legalizar parejas de homosexuales y uniones libres

Grupos de gays y lesbianas de Uruguay tomaron con beneplácito la pretensión de legislar el concubinato heterosexual en Buenos Aires, que incluye para este sector de la población una serie derechos, como la entrega de pensiones, subsidios y planes de vivienda.

Diana Mines, lesbiana e integrante del grupo Diversidad, dijo a LA REPUBLICA que lo interesante de este proyecto es que contó con la participación de los propios activistas homosexuales, y que el proyecto definitivo se elaboró en base a la propuesta presentada por los involucrados.

Destacó el hecho de que el gobierno porteño estuviera tratando el tema, «lo que reconoce la existencia de esta realidad», afirmó Mines.

En cuanto al caso uruguayo que no reconoce a las parejas de unión libre, indicó que a los políticos uruguayos les cuesta asumir que es común y normal la presencia de parejas de homosexuales que viven juntas como cualquier matrimonio.

Afirmó que como en el caso del proyecto que despenaliza el aborto, la gente se confunde, porque reconocer que existen parejas homosexuales no significa estar a favor de esta opción sexual.

En nuestro país, las parejas del mismo sexo no tienen herramientas legales, para el caso de disolución del vínculo (separación de bienes) o el derecho a la herencia por la muerte de uno de los miembros, ni ningún tipo de beneficio social. Mines indicó que el único proyecto de ley que remite a la legalización del concubinato, es el presentado por el diputado de Alianza Progresista, Daniel Díaz Maynard, pero excluye a las parejas homosexuales. Este proyecto aún no fue tratado por el Parlamento. Otra iniciativa referida a la diversidad sexual es la presentada por el diputado forista Washington Abdala que penaliza la incitación a la violencia a los «diferentes», desde el punto de vista sexual. El proyecto quedó a estudio de la Asamblea General.

Mines señaló que intentos de legislar sobre uniones de hecho en parejas homosexuales y heterosexuales existen en un distrito mexicano y un estado de Brasil.

El caso argentino

En Buenos Aires, después de un año y medio de profunda discusión, y tras la aprobación de cuatro comisiones legislativas, la ley de unión civil para gays, lesbianas y heterosexuales estaba siendo tratada a última hora de ayer. Hasta el momento, la Iglesia Católica de Argentina no emitió ninguna declaración sobre el proyecto de uniones civiles.

Además de la Comunidad Homosexual Argentina, el proyecto contaba con el apoyo de diputados liberales, de izquierda, del Frepaso (Frente País Solidario), la mayoría de los legisladores radicales, y algunos peronistas. De una encuesta previa a la votación, aparecida en el diario «Página/12″, de los 60 diputados de la legislatura de Buenos Aires, alrededor de 34 ya habrían dado el sí a la norma.

Durante la discusión, el proyecto se fue adaptando a los consensos que se plantearon en las comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto. De ser aprobada dejaría a Buenos Aires como la primera capital latinoamericana en legalizar este tipo de unión.

La redacción original de la iniciativa salió de puño y letra de la jueza Graciela Medina, experta en Derecho de Familia quien además es graduada universitaria con medalla de oro.

El proyecto establece la apertura de un «registro público» exclusivo para uniones civiles para que se inscriba la pareja (homosexual o heterosexual). Como requisito, se debe probar (mediante dos testigos como mínimo) mantener una relación de convivivencia «estable y pública» de dos años y tener domicilio legal en la Capital Federal. Una vez cumplido el requisito del registro, el Gobierno le entregará un certificado que legaliza la unión.

Con la aprobación del proyecto, los homosexuales adquirirán una serie de derechos, entre ellos visitar a su pareja en una sala de cuidados intensivos.

En la actualidad, si una persona homosexual está en el CTI, su compañero/a no puede visitarlo ni tampoco conocer su parte médico por no ser familiar directo.

La pareja inscripta en este registro también podrá acceder a beneficios que otorgue el Gobierno porteño, como subsidios, pensiones o planes de vivienda.

La doctora Nelly Minyersky, titular del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados, se mostró totalmente a favor de la iniciativa, y dijo que los derechos que otorgue esta unión serán absolutamente válidos: «respetan la Constitución de la Ciudad y no invaden otras esferas», comentó a Página 12.

El proyecto no avanza sobre temas como «la adopción de menores» ni «el derecho de herencia», aspectos que necesitarían un tratamiento en el Parlamento nacional. *