La tercerización de los ejércitos para las guerras del siglo XXI

En la era de la posguerra fría, las reducciones militares y presupuestarias, los amplios compromisos globales y las frecuentes medidas de emergencia amplificaron la importancia de los contratistas privados para cubrir la brecha entre recursos y necesidades militares.

La opción fue reemplazar a los soldados con personas de negocios y a la doctrina militar con prácticas de negocios. Y funcionó. Las empresas demostraron que podían gestionar complejas cadenas de suministro y operaciones globales. Se liberó a los comandantes para ocuparse en misiones militares, confiados en que los contratistas podían brindar los recursos necesarios.

Pero Irak ha resultado diferente. Poco después de que la coalición declaró la victoria, no hubo paz que mantener y las prioridades militares volvieron hacia el combate. Las unidades del Ejército y de la Infantería de Marina han tenido que emplearse a fondo para enfrentar una prolongada insurgencia, mientras continúan la reconstrucción.

Un resultado inevitable fueron los contratistas de seguridad que custodian campamentos y convoyes. Muchos se han visto en peligro. Unos cuantos han sido sorprendidos en escándalos, lo que ha provocado denuncias y una mala imagen.

Sin embargo, la empresa privada puede apoyar adecuadamente a los combatientes suministrando bienes y servicios en forma rápida, eficiente y a menudo a un menor costo, especialmente en áreas donde los militares están plenamente ocupados el combate. De hecho, varios cientos de empresas que emplean a miles de trabajadores han estado suministrando vivienda, alimentación, servicio de correo, transporte, higienización temporal y una multitud de otros servicios a las tropas en Irak. Es probable que la transición desde la coalición liderada por Washington hacia el control total iraquí intensifique esta tendencia.

Los líderes militares enfrentan el mismo desafío que los ejecutivos corporativos: maximizar el desempeño asignando recursos escasos y empleando el conocimiento especializado dentro y fuera de la empresa. Tanto los soldados como los contribuyentes tienen mucho que ganar de las sociedades empresa FFAA, opinan los defensores de estas tercerizaciones. Los negocios son una parte esencial de esta ecuación, afirman analistas.

Las FFAA deben dejar el músculo y eliminar la grasa, porque el Estado hoy sólo puede financiar lo operativo, es decir el músculo, pero no financiar aspectos accesorios, que es la grasa. Si las FFAA fueran empresas privadas, tendrían que dar quiebra en muchos casos, opinó el Dr. Jaime García Covarrubias, profesor del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa.

Las empresas de servicios militares se encargan esencialmente de lo que los estados ricos no quieren hacer o los pobres no pueden hacer. Permiten a los ricos reducir sus presupuestos de defensa concentrándose en guerras prioritarias para su seguridad y subcontratando el resto, y hacen asequible a los pobres un nivel de poderío militar del que carecen, aseguran algunos expertos.

Suministran hombres, servicios y material, ocupan un lugar cada vez más importante en la arquitectura de seguridad nacional, particularmente la estadounidense. Esa utilización de empresas llamadas de seguridad facilita la proyección puntual de fuerzas al exterior, extiende la influencia geopolítica y tecnológica de las grandes potencias, permite evitar los controles parlamentarios, evita las consecuencias nefastas de acciones de dudosa legalidad, y reemplaza a los ejércitos que disponen de escasos medios, opina Sami Makki investigador del Centro interdisciplinario de investigación sobre la paz y de estudios estratégicos (Cirpes), de París

Pocos meses después de la caída del régimen de Saddam Hussein, se contaban en Irak alrededor de unas 20.000 personas afectadas a la seguridad privada. La incapacidad de las tropas estadounidenses para mantener el orden y la creciente demanda de los actores internacionales -como los inversores presentes en Irak- explican ese fenómeno. La degradación de las condiciones de seguridad hizo que las empresas de servicios militares o «private military companies» proliferaran en gran medida.

Un documento del Departamento de Estado titulado «Security Companies Doing Business in Irak», fechado en mayo de 2004, señala la existencia de unas veinticinco, fundamentalmente estadounidenses y británicas.

 

La nueva gestión del Estado

Tras la caída del bloque soviético y el fin de las concepciones clásicas de defensa, las prácticas de tercerización se desarrollaron rápidamente en el seno de las FFAA estadounidenses, bajo el efecto conjunto de la globalización del sector militar-industrial, de la reducción de armamentos y de las exigencias de racionalización de los presupuestos de defensa.

Forma avanzada de la subcontratación, para volúmenes financieros importantes y que implican un reparto de riesgos entre el Estado y la industria privada, la tercerización es ante todo una aplicación de los métodos del «new public management» (nueva gestión del Estado) conforme a las políticas liberales de privatización.

Las empresas de servicios militares comenzaron a crecer cuando durante la presidencia de George Bush, su secretario de Defensa Dick Cheney ordenó la realización de un estudio que determinó la conveniencia para los EEUU de impulsar la tercerización de su ejército. Aquel informe fue elaborado precisamente por una consultora de servicios militares Brown & Root Services -filial de Halliburton, que luego dirigiría el propio Cheney desde 1994 hasta que se incorporó a la vicepresidencia-, el estudio, que costó un total de nueve millones de dólares, demostraba que era mucho más rentable, tanto en términos económicos como políticos,delegar ciertas tareas militares en empresas privadas.

Una década más tarde, tal como estima Peter Singer, analista del Brookings Institution en Washington, las empresas de servicios militares manejan un negocio de 100.000 millones de dólares anuales  algunos estiman que en la próxima década este tipo de empresas duplicaran el volúmen de sus negocios- y sus servicios incluyen el mantenimiento de sistemas de defensa o la modernización de las FFAA en países de los cinco continentes, la protección de minas de diamantes y pozos petroleros en las más remotas zonas del mundo, entro otras actividades.

Esas nuevas asociaciones publico-privadas obedecerían a limitaciones presupuestarias, y a la vez liberan fondos para modernizar las FFAA y desarrollar y adquirir nuevos sistemas de armamentos. Así, el Departamento de Defensa afirmaba en 2002 que podría economizar más de 11 mil millones de dólares entre 1997 y 2005, gracias a la tercerización. Se reorganizaba la economía de defensa a través de la reducción del número de empleados federales, en beneficio del sector privado.

Cuando el ejército estadounidense anunció -en octubre de 2002- que más de 200.000 empleos serían tercerizados, fue objeto de duras críticas. Para muchos especialistas, la profundidad de esa reforma no implicaría necesariamente la obtención de una mayor eficacia, según afirman John Deal y James Ward en «Second thoughts on outsourcing for the Army».

El Ejército de Estados Unidos se ha reducido de 2,1 millones a 1,4 millones, y cientos de miles de esos puestos han pasado a manos privadas. De acuerdo con el Centro para la Integridad Pública, el Pentágono ha gastado 300 mil millones de dólares en 3,016 contratos de servicios militares que han ido a parar a 12 empresas entre 1994 y 2002. Estas cifras excluyen las contratas de armamento.

Las principales firmas involucradas fueron DynCorp, Military Professional Ressources Inc. (MPRI) y Kellogg Brown and Root (KBR). El ingreso de esas firmas implicó un aumento progresi
vo de personal privado que trabaja junto a las FFAA estadounidenses (logística, mantenimiento, ingeniería, ingeniería de los sistemas de armas) en el campo de batalla.

Durante la primera Guerra del Golfo, en 1991, la proporción era de 1 actor privado por cada 100 soldados; mientras que en 2003 pasó a ser de 1 por cada 10 soldados. En la fase actual del despliegue en Irak, esos actores privados representan la segunda fuerza, es decir, el equivalente al 20% de las fuerzas estadounidenses.

Desde un punto de vista económico, y a pesar de las reducciones presupuestarias encaradas por el Consejo Científico de la Defensa del Pentágono de entre 4.500 y 6 mil millones de dólares, la baja de gastos esperada no se produjo. En el caso de varios de esos contratos el Tribunal de Cuentas estadounidense demostró que el costo real superaba en varios millones de dólares las estimaciones, y que por medio de abusos se había llegado a una sobrefacturación importante de ciertos servicios en los contratos para la reconstrucción de Irak.

La multinacional Halliburton, que hasta el año 2000 era dirigida por el actual vicepresidente Richard Cheney, obtuvo en 2003, fundamentalmente a través de su filial KBR, una serie de contratos por un valor superior a mil millones de dólares, y estuvo directamente implicada en escándalos relativos a las condiciones de atribución de licitaciones, probando así la existencia de connivencia entre los intereses de la administración Bush y las multinacionales del complejo militar-industrial estadounidense, según afirmaron Walter F. Roche Jr. y Ken Silverstein en Los Angeles Times.

 

Flexibilidad, capacidad de reacción rápida y poco control

Más allá de la racionalización presupuestaria y de la dimensión ideológica inicial de la tercerización, se inició una reflexión estratégica. Implicado en una guerra de baja intensidad -pero de largo aliento- contra el terrorismo en todo el mundo, y sin dejar por ello de preparar FFAA para grandes confrontaciones, Estados Unidos no pude permitir que se debilite su liderazgo retirándose totalmente de los espacios de menor importancia estratégica. Esto explica la delegación de ciertas tareas, con el objeto tener a las FFAA para misiones vitales para la seguridad nacional.

Una cantidad creciente de esos programas también prevén un despliegue de fuerzas que optimice la flexibilidad y la capacidad de reacción rápida, eliminando etapas de control administrativo y procedimientos burocráticos. Además, ofrecen una solución de recambio a una política exterior que está bajo el control del Congreso en lo que hace al envío de tropas sobre el terreno, al objetivo político de «cero muertos» y al desarrollo de acciones clandestinas, opina el investigador Sami Makki.

Las empresas estadounidenses (Vinnell Corp., MPRI, Cubic y Logicon) instruyeron y entrenaron a las FFAA de más de cuarenta países en la década del 90, en el marco de programas de cooperación militar, sostiene Deborah Avant, en el informe «Privatizing military training» de «Foreign Policy in Focus». *