Antivacunas pagaron por recibir vacunas falsas pero en realidad fueron inoculados contra el COVID-19

Decenas de centros de vacunación contra el COVID-19 están implicados en un escándalo de inoculaciones falsas que ha desatado la polémica en la república helénica: algunas personas llegaron a pagar hasta 400 euros para que médicos y enfermeras les inyectaran solución salina y les emitieran certificados falsos, pero en vez de eso terminaron efectivamente vacunados contra el coronavirus.

Grecia es uno de los tantos países del mundo que están exigiendo el esquema completo de vacunación a todas aquellas personas que deseen ingresar a actividades culturales o locales comerciales, o bien pueden optar por hacerse pruebas de antígenos semanales.

Los médicos se embolsaron los sobornos pero administraron la vacuna real, y no agua salina como habían pedido los antivacunas, a fin de evitarse problemas, según un informe del programa de televisión investigativo Mega TV, de la televisión local.

Según el periódico tovima , entre 100 y 200 centros de vacunación de un total de 2.000 y la participación de unos 200-300 médicos y enfermeras han estado involucrados en esta gran maraña de vacunaciones falsas, o han participado de alguna forma para alterar las estadísticas de vacunación nacional. Se estima que más de 100.000 ciudadanos y ciudadanas de Grecia han obtenido certificados de vacunación falsos a través de métodos ilegales.

Inspectores del Ministerio de Salud heleno han salido a inspeccionar los vacunatorios en Atenas, Karditsa en Macedonia Occidental y varias localidades del Peloponeso, tras la tormenta de denuncias e informes tras el reportaje.

 

Dos caras de la moneda

Si bien los antivacunas involucrados en el escándalo pagaron por no ser vacunados, y puede que reciban alguna especie de sanción o reprimenda legal en función a la legislación actualmente vigente en Grecia, de todas formas la historia tiene un lado positivo: ahora están protegidos contra el COVID-19.

El lado negativo es que los médicos sometieron a estos pacientes a un tratamiento médicos sin su consentimiento, y la única forma de emprender acciones legales contra los galenos sería que admitieran públicamente que recibieron sobornos, lo cual es prácticamente imposible.