Impugnación

Organizaciones sociales impugnarán ante lo Contencioso Administrativo elección de integrantes de la INDDHH

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y más de 20 de organizaciones sociales denuncian que la elección del nuevo Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) se ha gestado como un reparto de cargos entre gobierno y oposición, y no se controlaron los requisitos de admisibilidad actuando fuera de la Ley y al margen de los Principios de Paris, por lo cual promoverán la nulidad de las resoluciones de la Comisión Especial parlamentaria, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y la suspensión del proceso de elección hasta que el Tribunal resuelva la cuestión de fondo.

Organizaciones sociales impugnarán elección de integrantes de la INDDHH. Foto: Foto: FocoUy.
Organizaciones sociales impugnarán elección de integrantes de la INDDHH. Foto: Foto: FocoUy.

Este lunes 1º de agosto se reúne la Asamblea General del Parlamento con el cometido de proceder a la elección de los miembros del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, según el artículo 37 de la Ley Nº 18.446, de 2008 (en este caso el tercer Consejo Directivo desde que la INDHH) desde que fue creada.

En momentos en que comenzaba la sesión parlamentaria, más de 20 organizaciones sociales, vinculadas a la mayor diversidad de derechos humanos, con actividad desplegada en todo el país realizó una concentración en la explanada del Palacio Legislativo para manifestar su disconformidad con el “reparto de cargos entre gobierno y oposición”, y porque “no se controló los requisitos de admisibilidad actuando fuera de la Ley y al margen de los Principios de Paris que rigen la INDDHH.

En el marco de la concentración, la Organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos procedió a la lectura de una declaración a través de la cual manifiestan que las más de 20 organizaciones sociales se han propuesto articular para garantizar un proceso democrático, transparente y ajustado a la Ley en la elección de un nuevo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Aclararon que también se han propuesto trabajar para “lograr una mayor participación de las organizaciones sociales en lo que hace a los cometidos y actividades de la Institución”.

“Cuando hablamos de la Institución referimos al organismo de defensa, protección y promoción de todos los derechos humanos de todas las personas en todo el territorio, y hablamos del control que esta Institución hace para que el Estado no vulnere esos derechos”, se indica en la declaración.

Recuerdan que se trata de 10 años de “contribución al fortalecimiento del sistema democrático y de una ley de creación que se votó por unanimidad”.

Repartija de cargos

Las organizaciones firmantes de la declaración recuerdan que una de las fortalezas de la INDDHH, reconocida como tal por el organismo internacional es responsable de calificar la calidad democrática de los “ombudsman” o defensorías del pueblo es su autonomía. “Autonomía e independencia del gobierno de turno y de los partidos políticos”. Añaden que dicha autonomía que sustenta también la autoridad moral de sus observaciones y resoluciones “es lo que está en riesgo”.

“Eso es lo que venimos a denunciar y por lo que nos proponemos iniciar acciones legales. Vamos a ejercer nuestros derechos. Vamos a defender a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”, aseguran las organizaciones.

Denuncian que la INDDHH “hace tiempo viene recibiendo fuertes ataques”, en particular a través de declaraciones de referentes de distintos partidos políticos, en particular de sectores que integran la coalición de gobierno provenientes de Cabildo Abierto.

“Se dijo que no se precisa una Institución de Derechos Humanos, como se dijo que había que cambiar la Ley porque se metía en temas que no le correspondía. Y se insistió con definir la elección del nuevo Consejo Directivo como un reparto de cargos entre gobierno y oposición”, detallan las organizaciones firmantes.

Cuestionan, asimismo, que “con lujo de detalles se ha señalado, incluso, “cómo sería el reparto dentro de la propia coalición de gobierno”.

“La repartija de cargos como botín político es una agresión enorme”. Lesionar la autonomía de la INDDHH es desnaturalizarla, quitarle una parte esencial. Tan grave como quitarle la función de controlar al Estado. En el marco de este proceso de elección los ataques trascienden las palabras y se concretan en resoluciones de la Comisión Especial parlamentaria, encargada por Ley, de recibir las postulaciones y remitir a la Asamblea General la lista de aquellos candidatos y candidatas que reúnan los requisitos que la ley exige.

La Comisión Especial “no actuó como manda la Ley, porque aceptó postulaciones realizadas por legisladores y legisladoras, cuando solo debió acepar aquellas postulaciones realizadas por organizaciones sociales registradas en la INDDHH”, denuncian.

Asimismo, denuncian que no controló todos los requisitos admisibilidad que la Ley impone para ser candidato o candidata, como por ejemplo el de “contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos”, resolviendo en consecuencia enviar a la Asamblea General todos los nombres propuestos, salvo los de aquellos que presentan incompatibilidades, todo ello, “fuera de la Ley y al margen de los Principios de Paris que son aquellos que orientan y sustentan las Instituciones de Derechos Humanos y las Defensorías del Pueblo”.

Nulidad

Por ello, las organizaciones firmantes de la declaración se refieren “ilegalidades”, y anunciaron “acciones legales que permitan que el proceso sea como debe ser”.

En tal sentido, las más de 20 organizaciones sociales y de derechos humanos anunciaron que promoverán la “nulidad de estas resoluciones de la Comisión Especial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la suspensión del proceso de elección hasta que el Tribunal resuelva la cuestión de fondo”.

“El parlamento puede dar marcha atrás, revisar las resoluciones cuestionadas, actuar conforme a la Ley y evitar así que se enjuicie su accionar. Designar ahora un Consejo Directivo sobre el que se estará juzgando si sus integrantes fueron bien electos no le hace bien a las personas involucradas, no le hace bien a la Institución de Derechos Humanos cuya autoridad, como decíamos antes, reposa no solo en la Ley sino en la incuestionabilidad de sus autoridades. En definitiva, no le hace bien a la democracia”.

Agregan: “No queremos ni pensar qué pasará con cada observación y resolución que tome la Institución si después el Tribunal nos da la razón y dispone que el proceso de elección no fue ajustado a derecho y quienes fueron elegidos no debieron serlo”.

Las organizaciones sociales advierten las irregularidades, como en su momento también señalaron que se habían aceptado postulaciones desde organizaciones que “no estaban habilitadas para hacerlo por no estar inscriptas en el registro de la Institución”.

Exigen “transparencia porque no se hizo pública toda la información disponible de los candidatos”.

Cuestionan que “pudo haber cierta soberbia por parte de algunos legisladores al ignorar el aporte que se proponía desde las organizaciones sociales en este proceso”.

“Lo que alertamos insistentemente desde las organizaciones fue señalado también por un grupo de trabajo de la ONU que realizó ‘un llamado a las y los integrantes de la comisión bicameral y de la Asamblea General para que garanticen que la elección del Consejo Directivo no afecte la independencia de la Institución ni obstaculice su labor de búsqueda de personas desaparecidas. En particular, por lo que concierne a la independencia’, preocupación fundada en la ‘intención de ciertos sectores políticos del país de querer controlar y politizar la Institución mediante la elección de un nuevo Consejo Directivo’”.

Por tal  motivo, las organizaciones sociales, promoverán una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Aseguran que no renunciarán a ninguna otra acción dentro del marco legal vigente para defender a la INDDHH, a la que pueden acudir las personas cuando encuentran vulnerados sus derechos por la acción o la omisión del Estado.

Organizaciones firmantes:

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT CNT)

Servicio Paz y Justicia (Serpaj) – Uruguay

Redes Amigos de la Tierra – Uruguay

Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada (MNUSPP)

Colectivo Ovejas negras

Idas y Vueltas

Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM)

Mujeres Sin Miedo – Minas, Lavalleja

Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo)

Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos (COSAMEDDHH)

Asociación Civil Vida y Educación

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CDH)

Asociación Uruguaya de Animadores y Auxiliares Gerontológicos (AUDAAG)

Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA)

Coordinadora por el Retiro de Tropas de Haití

Tacuabé Chasqui Oyendau

Sindicato Único Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA)

Memorias de la Costa

Asociación Civil Ágora de Canelones

Secretaria de DDHH del PIT CNT

Colectivo por Memoria, Verdad y Justicia de Tacuarembó (Interiores en Red)

Memoria en Libertad – Niños, Niñas y Adolescentes, víctimas del terrorismo de Estado

Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad – Soriano (Interiores en Red)

Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca

Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión (Interiores en Red)

Grupo Solidario A Redoblar

Consejo de la Nación Charrúa

Charrúa Oipik Udimar

Comisión Memoria Muchachas de Abril

Espacio Memorial Penal de Libertad

Colectivo de Derechos Humanos de Juan Lacaze

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