Frente Amplio reclama la renuncia de autoridades de la Agencia de Vivienda por ineptitud

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de Ley con carácter grave y urgente referido al comienzo del plazo de prescripción para las carteras del Ministerio de Vivienda, Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda.

El senador nacionalista Carlos Camy explicó que Código Civil se refiere a la prescripción como un modo de adquirir derechos, como por ejemplo de un inmueble del que se está en posesión y se consigue su propiedad mediante un proceso judicial; o también un modo de extinguir derechos cuando por el transcurso del tiempo se pierden acciones, por ejemplo de intereses de un crédito que después de determinado tiempo no se podrá ejecutar judicialmente. Previo a la Ley de Urgente Consideración (LUC) se establecían 30 años para los derechos reales de adquisiciones de inmuebles, 10 años para acciones personales de cobro de deuda, y cinco años para iniciar acciones judiciales por las acciones personales”.

Pero, el artículo 467 de la LUC estableció un criterio para el comienzo del nuevo plazo de prescripción más breve, de dos años desde la promulgación de la Ley, por lo que podría suceder que con los nuevos plazos muchas hipotecas quedaran comprendidas desde la promulgación de la Ley.

“El problema es que la LUC fue promulgada el 9 de julio de 2020, o sea que el plazo establecido de dos años terminó el pasado 9 de julio. De acuerdo a lo que manifestaron autoridades, a esa fecha aún existen unas 5.000 hipotecas que estarían por prescribir y representarían un monto de 50 millones de dólares. Es grave, porque deberían salir miles de notificaciones a los deudores lo que crearía una especie de pánico. La solución que se propone en el proyecto es una prórroga de 48 meses a partir de la promulgación de la Ley para ejercer las acciones que tengan que asumir el Ministerio, el BHU o la ANV”, explicó el senador Camy.

La iniciativa fue aprobada tanto en el Senado como en Diputados, pero generó polémica

Renuncia

En tal sentido, los diputados del Frente Amplio: Gustavo Olmos, Gabriela Otero y Cecilia Cairo brindaron una conferencia de prensa en la que calificaron el hecho como una situación de “desidia” de parte de la ANV.

“Estamos intentando arreglar un zafarrancho que ha hecho el gobierno, especialmente la ANV, no tomando medidas durante dos años para evitar perder 400 millones de dólares en créditos hipotecarios, a pesar de las reiteradas advertencias realizadas por el FA”, dijo Olmos.

En tal sentido, los legisladores del FA piden que el presidente de la Agencia Nacional de Viviend, Klaus Mill von Metzen; como el vicepresidente, Gustavo Borsari, den un paso al costado.

Por su parte, el senador frenteamplista Mario Bergara se refirió al apuro innecesario con que se legisló en la LUC y a la “absoluta desidia de la Agencia Nacional de Vivienda que generó el riesgo de que el Estado perdiera una millonada de dólares, y que las autoridades no pudieron cuantificar exactamente entre los 50 y 400 millones de dólares”.

“Hoy tuvimos que aprobar, también a las apuradas, una prórroga del plazo que establecía la LUC. El Frente Amplio actuó con responsabilidad, como debe ser, y contribuyó a evitar esas pérdidas para el Estado y las posibilidades de financiamiento de viviendas para el futuro”, remarcó Bergara.

Acotó que la actuación de la ANV “fue impresentable, a pesar de que tenía informes advirtiendo la situación”.

“Cuestionamos la continuidad del presidente de la ANV, dado que demostró una ineptitud asombrosa y no da garantías para una gestión mínimamente razonable para el futuro”, sentenció Bergara.