“Deshonra”

Senadores del FA piden analizar remoción de Bianchi por “incapacidad o actos de conducta indignos”

La bancada de senadores del Frente Amplio solicita a la Comisión de Constitución que se pronuncie si tiene mérito aplicar a la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi alguna de las medidas que prevé el artículo 115 de la Constitución de la República referidas a la remoción de un legislador por “imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”.

Senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi.
Senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi.

Los senadores del FA emitieron una declaración referida al “gravísimo tenor del pedido de informes del 2 de diciembre, que fuera presentado por la senadora Graciela Bianchi dirigido a la Administración Nacional de Educación Pública por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura, con el único objeto y fin de recabar información sobre la situación funcional de la docente, Mirta Mabel Mallo, incluido su cargo, la cantidad de horas docentes que desempeña, si ha gozado de licencia sindical, si tiene inasistencias y si se le han instruido sumarios”.

La docente Mallo increpó en forma pública al presidente Luis Lacalle Pou por que se eliminaron 150 grupos en la UTU y se cerraron los Centros Educativos Comunitarios en las zonas más pobres. Dijo que la educación es una inversión y no un gasto.

Artículo 115

A raíz de la situación, el Frente Amplio solicitó la remisión de forma urgente del asunto a la Comisión de Constitución y Legislación, a los efectos de que estudie y asesore al Senado si “existe mérito para aplicar alguna de las medidas que prevé el artículo 115 de la Constitución de la República a la señora senadora Bianchi en función de su actuación”.

El artículo 115 de la Carta Magna establece que cada Cámara “puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.

Por igual número de votos “podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación. Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias”.

Deshonra

Los legisladores frenteamplistas aseguran que el pedido de informes de Bianchi sobre la docente Mallo “deshonra gravemente la responsabilidad ontológica que los Estados constitucionales de derecho y democráticos, como el uruguayo, le reservan a los parlamentos, que es oficiar como control y contrapeso del gobierno a través del control de la gestión los demás poderes públicos, sentido que se derrama sobre todos los cometidos y potestades que la Constitución le atribuye a la Cámara de Senadores, y a sus integrantes, dándoles un fin institucional razonable, cierto y determinado”.

El pedido de informes formulado por la senadora Bianchi “no tiene por objeto controlar la gestión del Ministerio de Educación y Cultura, ni la de ANEP, ni la de UTU, ni la de ningún organismo público, en su conformación pasada o actual, sino que se centra exclusivamente en recabar información sobre quien es hoy la presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU, que pocos días atrás tuvo un público intercambio con el presidente de la República en el marco de una manifestación sindical, en pleno ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical”.

La senadora Bianchi utilizó una potestad que le confiere la Constitución, en el artículo 118, de forma desviada a su fin, configurando, a criterio de los firmantes, “una manifiesta hipótesis de desviación de poder repelida por nuestro orden jurídico, en tanto contraria al principio de interdicción de las arbitrariedades inherente a la forma democrático republicana de gobierno, que debe ser rechazada sin ambages por el sistema político y por la Cámara, para así dar un mensaje claro a la ciudadanía en cuanto a que éste Parlamento es una garantía a la libertad de expresión y a la libertad sindical y a que nadie será perseguido desde el Poder Legislativo cuando haga uso de tales libertades constitucionales tan caras para nuestro Estado constitucional”.

“Es nuestro sincero sentir que dar curso al pedido de informes en cuestión mengua la debida imagen institucional de la Cámara de Senadores frente a la ciudadanía, y además, deja en mala posición al gobierno en sí y a nuestro propio presidente de la República, siendo que Bianchi es hoy en la Cámara la senadora más votada del partido del presidente”, remarcan los legisladores del FA.

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