Crysol: Es un grave error equiparar actuación de un Juzgado militar con el Poder Judicial

Días pasados, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó el pedido de casación presentado por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y archivó el caso sobre el asesinato del médico Vladimir Roslik, ocurrido en el Batallón de Infantería número 9, en 1984, sobre el final de la dictadura cívico – militar.

Por su parte, la Federación Médica del Interior (FEMI) emitió un comunicado en rechazo a la decisión de la SCJ.

En las últimas horas, Crysol remitió una misiva al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Tabaré Sosa Aguirre, en la cual expresan que han tomado conocimiento de que diferentes instancias del Poder Judicial han negado la reapertura del expediente relativo al asesinato de Roslik, en abril del año 1984 en Río Negro, por parte de efectivos militares.

En tal sentido, Crysol manifiesta que “la Justicia Militar es un órgano administrativo de las Fuerzas Armadas, sujeto a jerarquía de los mandos”, por lo que “bajo ningún punto de vista su accionar puede ser equiparado con la actuación del Poder Judicial, un poder estatal de nuestro sistema democrático republicano de gobierno”.

Error conceptual

“Equiparar la actuación de un Juzgado militar conformado, además, en plena dictadura, con la actuación de un juzgado del Poder Judicial, supone un grave error conceptual, demostrativo de una falta de conocimientos y de juicio inhabilitante para el ejercicio de tan altas funciones”, manifiesta la asociación de ex presos políticos.

Aseguran que mantener archivada la causa de Roslik expone a Uruguay, asimismo, “a ser condenado en los ámbitos regionales y mundiales de derechos humanos como ha ocurrido en el caso de la sentencia Gelman y otras instancias”.

A través de la carta, Crysol solicita a Sosa Aguirre que se adopten las medidas que correspondan, a la hora de proceder a calificar las actuaciones, con todos los magistrados involucrados.

También manifiestan disposición a mantener un encuentro presencial con el presidente del Poder Judicial para intercambiar puntos de vista.

El caso

Roslik nació el 14 de mayo de 1941 en la localidad de San Javier. En el año 1962 obtuvo una beca de la Universidad Patrice Lumumba de Moscú por el Instituto de Colaboración Uruguayo Soviético (ICUS) para estudiar Medicina.

El 16 de abril de 1984 falleció a raíz de las torturas de las que fue objeto en el Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos. La dictadura uruguaya cometía su último crimen de lesa humanidad.

En su momento, la Justicia Militar procesó al mayor Sergio Caubarrere por “ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas por abuso de autoridad y homicidio culpable”. Pero estuvo preso cuatro meses y 18 días.

A raíz de que el caso no tuvo consecuencias en la Justicia ordinaria, en el año 2014 se abrió una investigación, pero un Tribunal de Apelaciones ordenó el archivo por considerar que “existió cosa juzgada”.

En mayo de 2020, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de casación para reabrir la investigación.