Portabilidad numérica

SUTEL pide al gobierno no continuar con la portabilidad numérica para evitar reclamos

El Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL) reclama que se detenga el proceso de habilitación de la portabilidad numérica (la posibilidad de cambiar de empresa de telefonía móvil manteniendo el número telefónico) antes de que la iniciativa “caiga” por el posible referéndum evitándole al Estado mayores costos y reclamos a futuro, por responsabilidad de las autoridades competentes.

Foto: Pixabay.
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SUTEL expresó “preocupación y alarma ante el silencio reinante por parte del Poder Ejecutivo con respecto a la portabilidad numérica, con la cual se avanza sin prisa pero sin pausa en un proceso que será sometido a referéndum junto con 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración N° 19.889 (LUC) y, de ser aprobado, generará juicios millonarios contra el Estado uruguayo por parte de las empresas que se presentaron al llamado”.

Los artículos 471, 472 y 473 de la LUC declaran que la portabilidad numérica es un derecho de los usuarios de los servicios de telefonía móvil, lo cual, “rompe con una lógica que pretende defender a ANTEL otorgando la inclusión de claras políticas agresivas por parte de las multinacionales, que ofrecerán ‘mejores’ condiciones contractuales a los usuarios”.

Desde SUTEL se expresó que la experiencia internacional indica que “un número menor de usuarios cambia de operador de telefonía, en relación al gasto ocasionado al sistema”.

La implementación de la portabilidad numérica “sólo logrará elevar en forma desmedida los gastos de los operadores, recogiendo nulos beneficios para sus usuarios. Estas medidas, entre otras ya denunciadas por los trabajadores y trabajadoras de SUTEL, afectan a la empresa uruguaya que deberá realizar importantes gastos para competir en forma equitativa en un contexto desfavorable de desidia de las autoridades actuales”.

SUTEL puntualiza que con respecto a la apertura del Sobre S4, (que refiere a las propuestas económicas para la contratación del administrador de la Base de Datos), “aún no hay información al respecto”, por lo cual el sindicato ve con preocupación que “el organismo regulador no se haya expedido”.

Desoyendo la voz del pueblo

“Independientemente de la posición diametralmente opuesta a la llamada portabilidad numérica, debemos dejar bien claro que el gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou continúa desoyendo la voz del pueblo que, en la reciente campaña y con resultados contundentes se expresó, con aproximadamente 800.000 firmas, contrario no solamente a los 135 artículos de la LUC sino y puntualmente, una vez más, a la entrega de nuestra soberanía, reclamando la libertad de elegir”, manifestó SUTEL en un comunicado.

Asimismo, al gremio de los trabajadores de las telecomunicaciones le llama la atención que el Poder Ejecutivo “no se haya expresado sobre los caminos que se recorrerán sobre este tema, teniendo en cuenta el inminente referéndum donde se pone en cuestión este proceso”.

Está previsto que la portabilidad numérica, cuyas condiciones regulatorias aplicables a su implementación están previstas en los artículos de la LUC y el Decreto N° 26/021 del 19 de enero de 2021, comience a regir en octubre.

De avanzar con la planificación y luego de obtenerse un eventual resultado favorable en el referéndum, “se habrá expuesto al Estado uruguayo por falta de cautela y previsión de las actuales autoridades, a demandas de los oferentes, usuarios, e incluso otras operadoras de telecomunicaciones que se vean afectados”, advierte SUTEL.

El sindicato recuerda, además, que el artículo 25 de la Constitución de la República, establece: “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.

En tal sentido, SUTEL reclama que se detenga el proceso antes que la portabilidad numérica “caiga” por decisión soberana, evitándole al Estado uruguayo mayores costos y reclamos a futuro por responsabilidad de quienes hoy son las autoridades competentes.

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