Daniel Salinas votó a favor de la dictadura en 1980 y de la Ley de Caducidad en 1989

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se transparentó este domingo en una entrevista en el programa Santo y Seña, en la cual admitió haber estado del lado de la dictadura uruguaya (1973-1985) al votar por el ‘Sí’ en el referéndum que estos altos mandos militares habían convocado para legitimar su permanencia en el poder.

Cuando se le preguntó sobre su voto en dicha consulta popular, respondió: “Para ser honesto, porque no tengo nada que ocultar en tal sentido, voté Sí”.

Sobre los motivos que lo llevaron a votar a favor de los dictadores, argumentó: “Porque tenía 18 años y lo que conocía”, y añadió que no estaba “Ni disconforme ni conforme. Mi padre me decía: ‘No te metas en líos’. Y no nos metíamos. Si es así, es así. ¿Para qué te voy a decir otra cosa, voy a ir a la cómoda?”.

Voto amarillo

En la misma entrevista, el ministro de Salud contó que votó ‘amarillo’ en el referéndum de 1989 que consultaba a la ciudadanía si debía continuar vigente la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

La ley fue aprobada en 1986 y en el año 1989 se activó la herramienta constitucional para consultar a la ciudadanía si debía derogarse o no. En pocas palabras, dicha ley hacía que gran parte de los delitos cometidos en la dictadura prescribieran. 

El ‘voto verde’ fue derrotado por el ‘voto amarillo’ (que se oponía a revocar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado) por un margen de 57% contra 43%. Los departamentos en los que ganó el voto a favor de derogar la Ley fueron Montevideo, Canelones, San José, Maldonado, Soriano y Paysandú.

La ratificación de la legislación significó que los militares y policías que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no podrían ser juzgados en territorio uruguayo bajo su marco legal. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia que había declarado que no era inconstitucional en 1988, cambió de parecer y la declaró inconstitucional en 2009, habilitando los juicios por delitos de lesa humanidad.