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Manini Ríos va por una alternativa a la Ley de Caducidad para que prescriban delitos de lesa humanidad

El líder cabildante no consiguió el respaldo para la reinstauración de la Ley de Caducidad, que podría beneficiar a represores de la dictadura, pero está lejos de dejar atrás su intento.

Foto: Twitter / SenadoUY
Foto: Twitter / SenadoUY

El líder de Cabildo Abierto y senador, Guido Manini Ríos, abandonó su idea de reinstaurar la Ley de Caducidad porque no encontró en la coalición multicolor el respaldo necesario para llevarla al Congreso. Sin embargo, busca una alternativa para poder frenar el procesamiento a los represores de la dictadura uruguaya que cometieron delitos de lesa humanidad.

En una entrevista publicada por Búsqueda a inicios de julio, el coronel Eduardo Aranco, representante militar en la Suprema Corte de Justicia, dijo que la actuación de la Justicia en el tema de violaciones a los derechos humanos era “un tema político” que requería una solución política y propuso que se diseñe una ley que interprete “de forma clara y definitiva las normas relativas a la prescripción para terminar con la inseguridad jurídica” remarcando que, para él, se trata “de una ley que diga que durante el período en que se aplicó la Ley de Caducidad (1986-2011) debe regir el plazo de prescripción de esos delitos”.

El senador y excandidato presidencial dijo que comparte la posición de Aranco y añadió: “Se ha dispuesto que el período en que estuvo vigente la ley de caducidad no corre como tiempo de prescripción, y eso debería considerarse tiempo también”.

Cabildo Abierto alineado

Todavía no ha conversado a la interna de Cabildo Abierto su intención de avanzar con una alternativa a la Ley de Caducidad, pero de por sí su partido es afín a la idea. En enero de este año, el senador Guillermo Domenech manifestó a Búsqueda que él insistiría en la reinstauración de la mencionada ley a pesar de no haber conseguido el soporte en los partidos de la coalición gobernante.

Sobre los delitos cometidos en dictadura por militares, expresó: “Han pasado 40 a 50 años de estos hechos y, sin perjuicio de que entendemos lógicas las indemnizaciones que reciban las personas que sufrieron atropellos en sus derechos durante el gobierno militar y que se siga buscando a los desaparecidos, no me parece lógico seguir agitando los fantasmas de la represión de aquellos años”.

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