Sindicato de INAU pide que se investigue denuncia de irregularidades contra ex directora

En las últimas horas, el presidente del INAU, Pablo Abdala, denunció que encontró “171 expedientes que estaban en un armario de la División Jurídica detenidos desde hace diez años”.

En declaraciones a radio Universal, Abdala dijo que se trata de “investigaciones administrativas o sumarios que fueron dispuestos por las autoridades de la época que se instruyeron, se realizaron los procesos disciplinarios, pero cuando era menester elevarlos al Directorio, sin embargo, esos expedientes se paralizaban, y en otros casos nunca se instruyeron”.

Añadió que algunos son casos de “faltas administrativas por parte de funcionarios, procesos disciplinarios internos, y en otras ocasiones situaciones que vulneraron los derechos de niños y adolescentes, por ejemplo, malos tratos”.

El jerarca del INAU explicó que advirtió la situación en agosto de 2020 y dispuso una investigación administrativa “la cual ya culminó”. Añadió que debido a que el informe del abogado instructor y de Jurídica llegó a tales conclusiones y, además, ha identificado a los responsables, el Directorio tomará las medidas correspondientes.

Llegar al fondo del asunto

A raíz de las denuncias, el Sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SINAU), solicitó que “ los hechos denunciados se investiguen en profundidad, con todas las garantías del debido proceso para todas las partes, de modo de llegar al fondo del asunto y determinar qué fue lo que realmente ocurrió”.

El gremio solicita también, que se pueda saber “si la naturaleza de dichos expedientes trataba de asuntos que, de no tramitarse, habrían derivado en vulneraciones graves de derechos de niños y adolescentes, a funcionarios, o al Estado en su conjunto”.

En el caso de que se comprueben los hechos denunciados, desde el SUINAU piden que “se conozca qué criterios utilizaba la Jurídica del INAU para separar a aquellos expedientes que se definía tramitar en el marco de los plazos legales establecidos, qué expedientes se tramitaban fuera de los plazos y qué expedientes se ‘encajonaron’ para que no hubiera definición del mismo”.

El sindicato del INAU asegura que “es muy importante que se diluciden estas cuestiones ya que los cargos políticos pasan, pero los funcionarios y funcionarias y muchos de los niños, niñas y adolescentes permanecen en la institución”.

“Si hubo favoritismos, impunidad e injusticias, estas deben conocerse y en la medida de lo posible corregirse”, remarcó el gremio.

Rechazo

Por su parte, el sector Casa Grande del Frente Amplio, al que pertenece la doctora Andrea Venosa, emitió una declaración referida a los “trascendidos de prensa” que la involucran en una investigación administrativa y a las denuncias públicas de Abdala.

En tal sentido, Casa Grande expresó que “Venosa ingresó a la División Jurídica del INAU en 2016, y en el acto de toma de posesión, realizada la inspección general, no surgió ninguna información sobre expedientes atrasados y que en su cese, en abril de 2020, se realizó una nueva inspección que resultó nuevamente sin observaciones”.

El sector frenteamplista manifestó que “la Dirección de la División de Jurídica Notarial no tiene la potestad de acceder a los expedientes de investigaciones administrativas y sumarios hasta que no le son presentados por la dirección del área correspondiente, ya que están sujetos a reserva”.

Remarcó que en junio de 2020, debido a la inminente jubilación de la Directora de Sumarios, “se realizó una inspección del Departamento de Sumarios, que localiza un mueble cerrado con expedientes datados entre 2012 y 2014 con trámites detenidos”.

También expresa que la investigación administrativa dispuesta por el INAU a la División Jurídica Notarial, “está en curso y en ningún momento la Dra. Venosa ha sido citada para dar su testimonio”.

En tal sentido, Casa Grande considera que las denuncias efectuadas públicamente representan una “violación flagrante a las normas del debido proceso, violando el principio de reserva”.

Manifiesta su rechazo a “las formas de proceder del presidente del INAU, Pablo Abdala, y de algunos órganos de prensa, que realizan una acusación pública sin fundamento y basadas en presunciones, de la actuación de Venosa en la administración del INAU del gobierno anterior”.

El sector frenteamplista expresa su apoyo a la declaración explícita de Venosa de colaborar con la investigación administrativa correspondiente, en todo lo que esté a su alcance para el total esclarecimiento de los hechos.

“La probidad de las personas públicas es un capital republicano y democrático, las acusaciones sin fundamento minan las instituciones. Toda persona en el desempeño de un cargo público debe ajustarse a normas, reglas y derecho, máxime cuando se ocupan las mayores jerarquías”, señaló Casa Grande en el comunicado.

También indicó que las políticas públicas de infancia y la adolescencia, “deben generar seguridad y certeza en la población, ya que son las etapas claves de crecimiento y desarrollo de capacidades de las personas. Todo mensaje de incertidumbre perjudica a los adultos responsables y a los propios niños, niñas y adolescentes”.

El sector manifestó su “total confianza en la actuación responsable de la Dra. Andrea Venosa, quien ha tenido una carrera intachable, una vocación por la niñez y adolescencia documentada a lo largo de los años, y que es un ejemplo de ‘mujer valiente’ en la política, todo lo que este país debería respaldar y cuidar”.