Puerto de Montevideo

Cuestionan acuerdo del Gobierno con Katoen Natie porque hipoteca el desarrollo del país

La directora vocal de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en representación del Frente Amplio, Alejandra Koch, cuestionó el acuerdo del Gobierno con la multinacional belga Katoen Natie, “porque prevalecen los intereses particulares de la empresa perjudicando al sistema portuario en su conjunto, limitando al comercio exterior y a las mercancías nacionales debilitando el rol de ANP como autoridad portuaria e hipotecando el crecimiento y el desarrollo del país”.

Foto: Katoen Natie.
Foto: Katoen Natie.

Días pasados se conoció que Katoen Natie invertirá 445 millones de dólares en la expansión de la terminal de contenedores gestionada por Terminal Cuenca de la Plata (TCP) en el puerto de Montevideo. El acuerdo incluye la extensión del plazo de concesión por 50 años.

La compañía se comprometió a dejar de lado su demanda de 1.500 millones de dólares contra el Estado uruguayo.

En tal sentido, la directora vocal de la ANP en representación de la oposición, Alejandra Koch, dijo que las negociaciones realizadas, el acuerdo otorgado con Katoen Natie y los decretos del Poder Ejecutivo referidos a la prórroga de concesión para la Terminal de Contenedores del puerto Montevideo, le generan “una gran preocupación”.

Dichas normas implicarán “el deterioro en el rol de la ANP como autoridad portuaria y el incumplimiento en los cometidos asignados por el Poder Ejecutivo a esta administración respecto de las garantías para asegurar la libre competencia”.

“No podemos compartir el texto de un acuerdo donde claramente prevalecen los intereses particulares, en este caso de Katoen Natie, perjudicando al sistema portuario en su conjunto, limitando al comercio exterior y a las mercancías nacionales (sin posibilidad de elección), debilitando el rol de ANP como autoridad portuaria e hipotecando el crecimiento y el desarrollo del país”, expresó Koch.

Secretismo

Agregó que desde el comienzo, este proceso de negociación se ha manejado con “vicios innecesarios de secretismo, incompatibles con la transparencia, sin participación de la autoridad portuaria y sin la debida información en el ámbito del Directorio de ANP”.

Dichas negociaciones fueron llevadas a cabo “bajo presión de la empresa y amenaza de juicio, con argumentos poco consistentes y montos que por sí mismos generan descrédito”.

“Nos llama la atención que dicho diferendo fuera notificado al presidente de la República en octubre de 2019 con seguimiento en febrero 2020, en etapa previa electoral y próxima al cambio de gobierno”, dijo.

La directora vocal en el Directorio de ANP manifestó que resulta “poco entendible por qué el Gobierno uruguayo accedió a negociar en estas condiciones, otorgando finalmente el monopolio de los contenedores en el puerto de Montevideo”.

El actual contrato de concesión tiene por delante aún 10 años. “Nos preguntamos entonces: ¿Por qué y a cargo de quién corre esta urgencia?”

También se pregunta: “Por qué prorrogar una concesión, a una empresa que no muestra a la fecha volumen de trabajo suficiente, que había anunciado la venta de su paquete accionario, que no cumple con los movimientos mínimos desde el 2012, que lleva dos de los tres años dispuestos en el contrato con incumplimientos que determinarían causal de rescisión, con conductas claramente abusivas en su calidad de accionista mayoritario, desconociendo las posiciones de la Serie B”.

Agregó: “Negándose a la distribución de utilidades, manteniendo depósitos de activos líquidos en el exterior en una empresa de su propiedad, sin las garantías necesarias, aplicando desde el 2017 normas contables que causan perjuicio a la ANP”.

Confrontación permanente

La directora en representación de la oposición indicó que, además, la empresa “ha tenido una relación de confrontación permanente con el Estado, de difícil relacionamiento con sus clientes y competidores, así como con sus trabajadores, precarizando el trabajo, sin convenios colectivos, incluso con contrataciones de personal en carácter eventual, con salarios cada vez más bajos, negándose al pago de jornales mínimos”.

Dijo que si se considera la inversión anunciada por la empresa “podría significar que el Estado tenga que capitalizar el 20% del monto, lo que implicaría alrededor de 90.000.000 de dólares”.

Por otra parte, en la hipótesis que “toda la carga de contenedores que a la fecha se moviliza en el puerto de Montevideo se canalice a través de Terminal Cuenca del Plata (TCP), implicaría una pérdida para la ANP de alrededor de 7.000.000 millones de dólares anuales”.

Monopolio

Respecto al plazo establecido, preguntó en qué norma legal se ampara el otorgamiento de 50 años de prórroga, cuando su contrato original fue por 30 años.

Koch manifestó que disponer la prioridad en la terminal de contenedores “supone la generación de un monopolio, contrario a la Ley de Puertos, a sus decretos reglamentarios y a la Ley que dio origen a la sociedad Terminal Cuenca del Plata, normas en las que se establece la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores”.

Aseguró que ello “expone a la ANP, debilita su rol de autoridad portuaria y su carácter de asesor en la materia”, y agregó que “limita, además, la posibilidad de otorgar nuevas concesiones en el negocio de contenedores durante toda su vigencia”.

“Se establece que no se permitirá la instalación de grúas pórtico y/o equipamiento que puedan dar lugar a una especialización en contenedores”, remarcó.

La directora del FA indicó que la prioridad otorgada excede a la propia TCP, “es una reglamentación que da lugar a su instalación en todas las terminales especializadas (Obrinel, UPM), limitando potestades de ANP y favoreciendo en términos generales, el retiro del Estado”.

“¿Será esta la modalidad de negociación adoptada por el Gobierno ante los empresarios privados? Cada vez que alguien sugiera un juicio, ¿el Estado terminará cediendo? ¿Qué pasará ahora con las demás empresas portuarias? ¿Entregaremos Muelle C, Capurro? Bastará con que alguien presione”, sentenció.

Demandas

Remarcó que la aplicación del acuerdo “puede producir demandas de otros operadores”.

“No hay una valoración económica de lo que implica la prórroga de la concesión frente a los compromisos asumidos por el Estado y derivados a la ANP. ¿Quién se hará cargo de los perjuicios al Estado?”, preguntó.

Asimismo cuestionó: “¿Quién se hará responsable de la afectación de ingresos en ANP y el enorme riesgo de incumplimiento del dragado y mantenimiento del canal a 14 metros?”

Agregó que “si la empresa no logra siquiera la captación del total de carga que hoy tiene su competidor. ¿Quién se hará cargo?”.

“Si tenemos una sola opción en el negocio de contenedores y ante una situación de conflicto: ¿Qué respuesta se daría a los buques? ¿Quién se hace responsable de las consecuencias? ¿Quién se hará responsable de los trabajadores? no solo de Montecon, que por cierto tiene una plantilla superior a 400 trabajadores, sino de Tamibel, Albilan, Bidol, Staf y otras”, planteó Koch.

Remarcó que son “muchas dudas, demasiados riesgos para el Estado”, y  “hoy es un hecho consumado, la decisión fue tomada por el Gobierno, que tendrá la responsabilidad de sus consecuencias”.

“Por ello rechazamos la conveniencia y oportunidad del acuerdo y por ende, los términos del acuerdo”, sentenció.

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