El Senado aprobó el Impuesto a funcionarios públicos y jubilaciones elevadas para el Fondo COVID-19

Este miércoles 14 de abril, el Senado analizó el proyecto de Ley del Gobierno por el que se establece el Impuesto de Emergencia Sanitaria II destinado al Fondo Solidario COVID-19.

Si bien el proyecto en general fue aprobado por unanimidad, cuando se pasó a la discusión en particular el Frente Amplio se opuso al impuesto a los funcionarios públicos, aunque sí respaldó el numeral 4 del artículo 3, que incluye a los cargos políticos como sujetos pasivos del mismo.

El proyecto

La iniciativa legal establece un impuesto de carácter mensual, que gravará a las remuneraciones y prestaciones nominales en efectivo o especie por su relación laboral con el Estado, en los meses de mayo y junio y se descontará en junio y julio.

Afectará a la remuneraciones nominales con exclusión del aguinaldo, salario vacacional cuando corresponda y partidas de tipo social.

Serán contribuyentes todos los funcionarios públicos en general quienes presten servicios personales dentro o fuera de la relación de dependencia no sólo con el Estado, sino también con las personas de derecho público no estatal y con las entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria, quienes arrienden obra y servicios, además del presidente y vicepresidente de la República, ministros, legisladores y quienes se desempeñen en el exterior de la República, en el servicio diplomático y organismos internacionales.

Las tasas serán progresionales. Habrá un mínimo no imponible hasta los 120.000 pesos. Luego será de 5% para los salarios de 120.001 a 130.000 pesos (por ejemplo, quien gane 130 mil pesos pagará 5% por los 10 mil pesos que van entre 120.001 y 130.000, es decir que pagará 500 pesos y no el 5% de 120.001).

Luego será de 10% para los de salarios de entre 130.001 a 150.000 pesos; 15% para los de 150.001 a 180.000 mil pesos y 20% para los de más de 180.001 pesos.

En el texto del proyecto se establece que, una vez realizada la deducción solidaria, el monto líquido del salario no podrá quedar por debajo de los 80.000 pesos.

Los funcionarios de los servicios de salud, que estén trabajando en la contención de la pandemia y que estén expuestos al virus fueron exceptuados del impuesto.

Luego se establece un adicional al Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS) con destino al BPS, para todos los jubilados y pensionistas y retirados miliares y policiales. Las tasas son las mismas, es progresional y las franjas son iguales a los descuentos a los funcionarios.

Se deducirá no sólo en el IASS y el aporte al sistema de salud que corresponda, sino además las prestaciones de carácter pecuniario a favor de cualquiera de las cajas. Ello hace alusión al impuesto que pagan los bancarios para su caja, ese impuesto queda deducido a efectos de que el líquido mensual no pueda ser menor a los 100 mil pesos.

A través del proyecto se otorga al Ejecutivo la facultad de prorrogarlo por dos meses más, es decir que podrá ser por dos o cuatro meses.

La iniciativa pasó a consideración de la Cámara de Diputados para completar su trámite parlamentario.

Discrepancias

A través del aditivo que propuso el Frente Amplio, pero que no prosperó, se planteaba gravar con una alícuota del 2% el patrimonio en el exterior de los uruguayos residentes en el país, monto que se estima en unos 8.000 millones de dólares.

El FA planteó, asimismo, que las empresa que tributan Impuesto al Patrimonio y que hayan tenido ganancia en el ejercicio anterior, también aporten por dos meses, pero tampoco ello contó con los votos necesarios para su aprobación.