Mujeres víctimas de tortura y violencia sexual en dictadura exigen justicia

La audiencia, que se realizó el jueves 18 de marzo, comenzó con la proyección de un video con los testimonios de las mujeres víctimas de violencia y tortura sexual. Denunciaron la impunidad por los crímenes que sufrieron en dictadura.

Las 14 mujeres estuvieron acompañadas por representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República.

En la audiencia también participaron representantes del Estado uruguayo y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La denuncia por torturas y violencia sexual fue presentada en el año 2011, cuando quedó sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Sin embargo, el proceso continúa en su “fase inicial” y las víctimas aguardan justicia y una reparación integral, informó CEJIL.

Al momento de la detención, las denunciantes eran militantes de distintos partidos políticos y gremios y estuvieron detenidas en diferentes puntos del país.

Según las denuncias, “la violencia sexual fue utilizada como estrategia del Estado para castigar, humillar y violentar a las mujeres presas políticas, en un doble castigo por su militancia y su condición de mujer”.

En tal sentido, más de 100 personas fueron denunciadas por las víctimas, entre ellas oficiales, médicos, psicólogos y personal de tropa.

El Estado ha participado de una audiencia indagatoria para avanzar con la investigación de otros dos acusados.

Se trata de una convocatoria pendiente desde 2018 y realizada luego de la instancia internacional.

Investigar, enjuiciar y sancionar

Las demandantes se refirieron al deber del Estado, a través de la administración de justicia, “de cumplir con el deber de investigar, enjuiciar y sancionar sin permitir que el ejercicio de recursos de la defensa que sean dilatorios constituya un obstáculo en el acceso a la justicia de las víctimas”.

Empero, CEJIL indicó que ante la denuncia presentada por las mujeres, la respuesta del Estado fue “deficiente”.

“Sin perjuicio de reconocer y condenar la gravedad de los hechos, el Estado, a través de representantes del Poder Ejecutivo, Ministerio Público y Poder Judicial, omitió asumir responsabilidad por las causas en la dilación en la justicia o por la ausencia de políticas en materia de verdad, justicia y reparación y no avanzó compromisos y propuestas específicas que pudieran dar respuesta a los reclamos de las víctimas”, se expresó en un informe que difundió CEJIL.