FA: Diagnóstico de reforma de seguridad social no habla de redistribución de la riqueza

Este viernes 19 de marzo, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio emitió una declaración sobre el proceso de trabajo y documentos de diagnóstico sobre la futura reforma del sistema de jubilaciones y pensiones elaborado desde la presidencia de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS).

En tal sentido, el FA manifiesta que en el diagnóstico no sólo no se explicitan los objetivos, sino que además parecería no ser deseable o relevante. Se habla de justicia generacional y de acuerdo generacional, pero “no se habla de justicia intrageneracional, de redistribución de la riqueza también como elemento central de la seguridad social”.

El Frente Amplio manifiesta que los sistemas de seguridad social tienen “un papel redistributivo fundamental, además de evitar la pobreza y sustituir los ingresos que las personas cobran en actividad”.

Asimismo, la coalición de izquierda cuestiona que en el documento de diagnóstico “se marca una fuerte tendencia a un recorte en las pensiones de viudez y sobrevivencia”, y “no se aborda el persistente cobro de comisiones excesivas por parte de las AFAP privadas”.

Con respecto a la Caja Militar “se suavizan o evaden temas trascendentes y de alto impacto para toda la sociedad que es necesario considerar, más aún al momento de realizar una reforma integral del sistema”, advierte el FA.

Declaración

He aquí la declaración íntegra del Frente Amplio sobre seguridad social.

“La Mesa Política Nacional del Frente Amplio, reunida en la fecha y recibido un nuevo informe de los compañeros y compañera José Luis Baumgartner, Ernesto Murro y Jimena Pardo, sobre el proceso de trabajo y documentos de diagnóstico sobre el sistema de jubilaciones y pensiones elaborados desde la Presidencia de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), considera:

1) Para el Frente Amplio, la seguridad social, en la concepción más desarrollada universalmente, es mucho más amplia que el sistema de jubilaciones y pensiones.

Ante el llamado del gobierno de integrar la Comisión de Expertos, que el Gobierno creó en la Ley de Urgencia (LUC) para este tema, se decidió participar, en el entendido que es nuestro deber velar por los intereses de las grandes mayorías de la población.

2) Ya en nuestra Declaración del 11/12/2020 se advertía sobre los escasos tiempos disponibles y los más escasos niveles de diálogo y negociación definidos por el actual Gobierno. En los países avanzados que realizan reformas con apoyo de amplias mayorías, estos procesos llevan años. Acá se pretende hacerlo en unos pocos meses.

3) El Frente Amplio, con su delegación en esta Comisión de Expertos, el fuerte apoyo de su Comisión de Seguridad Social, y en coordinación con los órganos de dirección política, ha trabajado intensa y colectivamente en esta etapa de diagnóstico y lo seguirá haciendo en la próxima etapa de propuestas. Impulsamos mejoras desde los primeros borradores, que presentaban un conjunto de carencias, omisiones y afirmaciones sin evidencia, por lo que requerían sustantivas modificaciones a los efectos de poder ser un instrumento válido para la discusión (Ver informe de la delegación del FA del 18.01.21). También valoramos cómo otros miembros de la CESS impulsaron modificaciones al respecto.

4) Este proceso también considera otros documentos importantes del Gobierno como la exposición de Motivos de la Ley de Presupuesto (capítulo 10, págs.157 y siguientes), declaraciones de representantes del Gobierno y valoraciones realizadas por miembros de la coalición de gobierno en la CESS.

5) Así, a impulso de nuestra delegación y de otras, se incorporaron algunos de los puntos que consideramos sustanciales, como el papel que tuvieron leyes de nuestros períodos de gobierno en la inclusión y formalización de trabajadores/as, como la ley que amplió la cobertura y por lo tanto el acceso de más uruguayos y uruguayas a las jubilaciones, el notable progreso histórico en materia de formalización, con la afiliación de más de 500.000 personas y 80.000 empresas más al BPS, coordinando esto con otras reformas sustantivas como la tributaria y la de Salud e inicios del Sistema de Cuidados, entre otros. Y también, por ejemplo, la importancia de considerar la Caja Militar, inicialmente no prevista para las audiencias, en el cronograma inicial de la CESS, o de lograr invitar a representantes de importantes organismos internacionales a exponer su conocimiento (como por ejemplo CEPAL).

6) El plazo definido por la Ley de Urgencia (LUC) impone que hoy se deba realizar la votación del Proyecto final de diagnóstico en la Comisión de Expertos.

Ante esto, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, declara:

A) Que el envejecimiento de la población y los impactos del cambio tecnológico en el mercado de trabajo hacen necesario abordar, periódicamente, reformas y revisiones, estudiadas y consensuadas, del régimen previsional. Estas no deben tener solamente en cuenta la sustentabilidad financiera. Las reformas además de atender este desafío deben contemplar que el sistema siga teniendo y mejore la protección de las personas, o sea, que tenga sustentabilidad social. No deben centrarse en que cierren las cuentas.

La inversión social contribuye a generar sociedades más justas e igualitarias, lo que se traduce en una mayor confianza en las instituciones, y en particular en la solidez de sus democracias.

B) Que se comparte la necesidad de seguir fortaleciendo la institucionalidad del sistema previsional, respecto a cómo se gobierna, regula y supervisa el mismo.

C) Que un diagnóstico no es una mera descripción; deberían decirse claramente cuál es la imagen objetivo que se persigue, cuáles son los objetivos de reforma de un sistema de jubilaciones y pensiones, integral, de todas las Cajas y nada de esto está explicitado, no se sabe a dónde quiere ir el Gobierno.

D) Que en el diagnóstico no sólo no se explicitan los objetivos, sino que además parecería no ser deseable o relevante. Se habla de “justicia generacional” y de “acuerdo generacional”, pero no se habla de justicia intrageneracional, de redistribución de la riqueza también como elemento central de la seguridad social. Los sistemas de seguridad social tienen un papel redistributivo fundamental, además de evitar la pobreza y sustituir los ingresos que las personas cobran en actividad.

E) Que se califica de “valores altos en la comparación internacional” el gasto social en jubilaciones y pensiones de Uruguay en relación al Producto Bruto Interno, cuando sabemos que algunos países cuyos sistemas se han puesto como ejemplo por los propios integrantes del actual Gobierno, tienen porcentajes superiores de gasto en el mismo. No hay sistemas de protección social buenos, bonitos y al mismo tiempo baratos.

F) Que considerando la notoria mejora en protección social realizada en los 15 años de gobierno del Frente Amplio y las mejores tradiciones históricas del país, no se comparte, y a la vez no es consistente, la crítica que se adopta sobre ciertas leyes y resoluciones que promovimos, en el BPS y otras instituciones, que mejoraron sensiblemente dicha protección social. La propia Ley Nº 16.713 de reforma de la seguridad social de 1995 generó inequidades. Por ello, por la necesidad de dar protección en general y para superar deficiencias históricas, resultó necesario contemplar gente de trabajo que, habiendo aportado un número suficiente de años, debía ser amparada por el sistema. En estos años se incluyó, también y especialmente, a colectivos vulnerables y olvidados (trabajadoras domésticas, trabajadores históricamente excluidos, cuentapropistas e independientes, pequeños empresarios, deportistas, artistas, rurales, etc.) y deberíamos, como país, estar orgullosos de ello. Y en ese marco, se incluyeron, las imprescindibles políticas de género, en las que habrá que seguir avanzando, ya que ahí están las mayores desigualdades. Se observa claramente que no hay consistencia en el diagnóstico entre las consideraciones que se hacen sobre algunas prestaciones y las políticas de género y cuidados necesarias.

Entre otras cosas, se marca una fuerte tendencia a un recorte en las pensiones de viudez y sobrevivencia.

G) Que los gobiernos del FA realizaron avances en adecuación e integración de las diferentes cajas, acercándose a las condiciones del régimen general de BPS, sin desconocer las especificidades de cada una. Así, reformamos no sólo la Caja Militar (2018), sino también la Policial y la Bancaria (2008), la Notarial (2019) y nuestros delegados en el directorio de la Caja Profesional apoyaron medidas en el mismo sentido. Y estas reformas, que se hicieron con diálogo social, político e institucional, en su mayoría no fueron votadas por quienes hoy están en el Gobierno de coalición.

Además, se realizaron reformas en otros aspectos sustanciales de la seguridad social, como el seguro de paro, las licencias por maternidad y paternidad, las asignaciones familiares, etc. Todo ello nos ha distinguido y nos distingue en el concierto internacional como un país líder en protección social.

H) Que el excesivo foco en lo financiero del diagnóstico también aparece en la valoración crítica que hacen del impacto de las políticas de aumentos salariales para privados y públicos de nuestros gobiernos, y por lo tanto la consecuente mejora en jubilaciones y pensiones en general y de las mínimas en particular. En este marco, es llamativa la omisión a la evaluación de los costos de transición desde 1995 y los subsidios y transferencias respectivos. Así como se nos dice que no hay sostenibilidad social sin sostenibilidad financiera, la sola sostenibilidad financiera no asegura sostenibilidad social. Uruguay se reconoce como un país con altas preferencias por la justicia social.

I) Que con respecto a las AFAP y el Banco de Seguros, se insistió en la necesidad de estudiar las medidas que plantearon las AFAP privadas, atenuada en los últimos borradores, pero subsistiendo una tendencia a ver al “tamaño” de República AFAP y del Banco de Seguros del Estado como un problema. Por el contrario, no se aborda el persistente cobro de comisiones excesivas por parte de las AFAP privadas, entre otros aspectos.

J) Que en la Caja Militar se suavizan o evaden temas trascendentes y de alto impacto para toda la sociedad que es necesario considerar, más aún al momento de realizar una reforma integral del sistema. Llama la atención, por ejemplo, que por un lado se reconozca el limitado alcance de la reforma de 2018, que solo contó con los votos del FA y que, por otro lado, el Ministerio de Defensa Nacional, en su comparecencia ante la CESS, señale que esa reforma fue “muy profunda”.

K) Que en las Cajas Paraestatales se observa un conjunto de expresiones que cuestionan sus regímenes sin una adecuada evidencia, con fuertes críticas a las fuentes de financiamiento de algunos de dichos institutos. Particularmente a la llamada prestación patronal complementaria (PCP) de la Caja Bancaria. Estos ingresos son una parte central del financiamiento de los mismos, y por tanto del cumplimiento de sus obligaciones previsionales.

En consecuencia, reafirmando nuestra disposición a continuar trabajando, intensa y seriamente, como lo han hecho nuestros representantes hasta el momento en la Comisión de Expertos, para la próxima etapa de propuestas, ahora, evaluando los borradores en su contexto y el proyecto de diagnóstico final, como documentos técnico-políticos que son y tomándolos como un todo, es que no acompañamos la aprobación del mismo.

Aprobada por unanimidad. Montevideo, 19 de marzo de 2021”.