Propuestas del FA para enfrentar la crisis tendrían un costo equivalente menor a 2% del PBI

El 31 de marzo de 2020, pocos días después de declarada la emergencia sanitaria por coronavirus en Uruguay, el Frente Amplio había propuesto al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, un conjunto de medidas para “aportar al desarrollo de la lucha contra la pandemia”.

La izquierda considera que los recursos volcados por el Estado en 2020 “han sido limitados e insuficientes, tanto en relación con las necesidades básicas, como en cualquier comparativo internacional”.

Por tal motivo, el FA indica que el paso del tiempo, el aumento de casos de COVID-19 y los crecientes impactos sociales y económicos “hacen necesario tomar más medidas”.

La coalición de izquierda manifiesta que más allá de que una gran parte de las iniciativas propuestas en marzo siguen formando parte de su aporte, de todos modos es necesario “sistematizar y concentrar” sus planteos en al menos cinco ejes.

En ese marco, el FA plantea un Ingreso básico de emergencia.

Indica que la pandemia ha generado impactos relevantes desiguales en la actividad económica, afectando sobre todo a sectores con menor capacidad de respuesta, ligados al trabajo por cuenta propia y con coberturas parciales de la seguridad social.

El Gobierno “ha hecho aportes insuficientes a este grupo poblacional (aumento de TUS, aumento de AFAM y bonos canasta) que, según los datos de Economía, han significado un promedio mensual de 15 millones de dólares y un promedio/mes por persona de 769 pesos”.

Por ello, el FA propone que a estos hogares se les otorgue un “subsidio a efectos de que su ingreso mensual alcance un salario mínimo líquido durante los próximos cuatro meses de 2021 (marzo a junio), con posibilidad de extenderlo de ser necesario.

Por otro lado, se plantea la suspensión de lanzamientos y cortes de servicios, diferimiento de cuotas/vivienda y pagos de los servicios para los sectores más necesitados

Las condiciones económicas de los próximos meses “dificultarán el trabajo de muchas personas y se hace necesario garantizar tanto la permanencia en sus hogares como el acceso a los servicios básicos que en ellos se prestan”.

Para trabajadores en seguro de paro y aquellos hogares que reciban la renta básica de emergencia, el FA propone “suspender desalojos y lanzamientos de inquilinos por 120 días y un diferimiento de intereses de cuotas hipotecarias del Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) entre marzo y junio de 2021”.

Plantea también suspender los cortes de servicios de luz, agua e Internet y diferir el vencimiento de tarifas de UTE, ANTEL y OSE en lo que refiere al consumo básico. En todos los casos que corresponda, los diferimientos se pagarán en cuotas sin moras ni intereses.

En el mismo sentido se propone un “subsidio al alquiler para garantizar la permanencia en la vivienda, de hasta 3 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) dirigido a trabajadores en seguro de paro y aquellos hogares que reciban la renta básica de emergencia, tomando en especial consideración los hogares monoparentales, familias con hijos menores de 12 años y familias con hijos discapacitados”.

En cuanto al seguro de desempleo, el FA indica que en la medida en que vayan venciendo, se extiendan en aquellos sectores de actividad más complicados “Se hace necesario tomar nuevas medidas asociadas a los requisitos de ingreso, los montos mínimos y máximos de pago del subsidio, el porcentaje de salario que se paga y su escala decreciente en el caso del seguro por despido.

En tal sentido, la oposición propone “aumentar el mínimo del seguro de desempleo a medio salario mínimo nacional, sin perjuicio de que deba compensarse la diferencia en caso de que el ingreso familiar no alcance un salario mínimo nacional en el marco del ingreso básico de emergencia. A la vez, plantea “flexibilizar el hecho de que entre dos accesos al seguro deban transcurrir 12 meses”.

Propone, asimismo, eliminar -durante la pandemia- para el seguro por causal de despido la reducción de la tasa de reemplazo, manteniéndola en 66% durante el período.

Para los trabajadores con multiempleo se propone que el trabajador cobre lo correspondiente al empleo perdido a pesar de tener otro empleo.

También plantea en materia laboral, en el marco de los recursos de INEFOP, “realizar una inversión en capacitación laboral y en políticas activas especialmente dedicadas a los trabajadores que perciben el ingreso básico de emergencia, con especial énfasis en jóvenes y mujeres”.

Con respecto al apoyos a las micro y pequeñas empresas, se plantea “diferir vencimientos de DGI y BPS”. Dicho diferimiento será por 60 días, renovable por otros 60 días. Luego se pagarán en cuotas a definir de acuerdo a la realidad de cada sector, sin incluir moras ni intereses por el diferimiento.

El FA asegura que en particular, es necesario atender al sector turístico, muy fuertemente impactado en esta temporada. Plantea un “fondo especial para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas del sector”.

Al mismo tiempo considera que es necesario comenzar a debatir una estrategia para este sector empresarial de mediano plazo, que vaya más allá de los impactos de la pandemia.

Por otro lado, plantea un adelanto de inversión pública y apoyo a la inversión privada en infraestructura y vivienda. “Preparar un plan de aumento transitorio en la demanda, adelantando la inversión pública tal como se hizo frente a la crisis internacional de 2008-2009”.

Adelantar obras e inversiones en vivienda del presupuesto nacional para ejecutar en 2021, llevándolo de un orden de 20 mil millones de pesos a 40 mil millones de pesos, es decir mil millones de dólares.

También se propone acelerar el inicio de obras bajo la modalidad participación pública-privada y los 19 Planes de Caminaría Departamental (reduciendo exigencias de contraparte), así como las inversiones de los gobiernos departamentales a través del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS), y favorecer la inversión privada directa con incentivos transitorios mayores.

Costos directos de las propuestas

El Frente Amplio detalle en su informe que el costo adicional del ingreso básico de emergencia rondaría el 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Los costos asociados al apoyo a pequeñas empresas y vinculados a la permanencia en la vivienda representan un 0,5% del PBI.

Mientras que los costos de elevar las inversiones públicas en vivienda e infraestructura a 1.000 millones de dólares, adelantando inversiones futuras, “representa el 1% del PBI”.

Por lo tanto, el costo total de las medidas representa un “equivalente al 2% del PBI”, asegura el FA.

Sin embargo, “el costo final para el Estado va a ser menor, dado que estas medidas que reactivan la economía van a generar ingresos que retornan a las arcas públicas en materia de aportes previsionales, pagos menores de seguros de desempleo, y mayores ingresos de IVA por mayor consumo, entre otros.