idoneidad

Bufete de abogados que defendió a Uruguay contra Philip Morris certifica idoneidad de Miguel Toma y su equipo

El reconocido estudio de abogados defendió al país no solo contra la gigante tabacalera sino también en juicios contra Italba Corporation y Ritika Mehta (Aratirí).

Miguel Ángel Toma. Foto de archivo
Miguel Ángel Toma. Foto de archivo

El exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, presentó una carta de certificación emitida por el doctor Paul S. Reichler, socio del bufete de abogados Foley Hoag, con sedes en Boston y Nueva York, que defendió al Uruguay en los juicios contra Philip Morris, Italba Corporation y Ritika Mehta (Aratirí). En dicho documento, asevera toma, se constata la idoneidad del equipo que lo acompañó en distintos viajes al exterior son cuestionados por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

«El Ejecutivo me persigue como funcionario de carrera por acciones ocurridas mientras tenía ese cargo en situación legal de reserva y desempeñaba otro de confianza, la secretaría de la Presidencia», dijo el exjerarca en declaraciones por escrito recogidas por Radio Sarandí 690.

Explica que solicitó la carta al abogado porque entiende que «se trastocó la antigua garantía liberal de que el imputado goza de una presunción de inocencia».

«Entre setiembre y octubre se filtró información de la investigación todos los días. Se ocasionó un daño enorme a mi familia, a mis colaboradores y sus entornos familiares. Se dejó circular una terrible versión sugerida según la cual todo era un turismo de ocio decadente», añade.

Toma pidió también que se investigue si hubo filtración «atribuible a la administración, lo que sería una falta grave y un delito penal». Los abogados de Presidencia le dieron la razón, asevera, y «aconsejaron instruir esa investigación» que él solicitó. «Sin embargo, la resolución del Ejecutivo, sin siquiera mencionar al dictamen jurídico, fue que yo estaba deshonrando a la administración y que se me debía sancionar por ello», añade.

Contra Lacalle Pou

Toma apuntó contra el presidente de la República porque «todos tenemos un derecho constitucional a que nuestro asunto sea decidido por funcionarios imparciales».

«Antes de decretarse el sumario, (el presidente) habló en varios medios afirmando textualmente que si fuera por él, yo ya no era funcionario, pero que había que hacer un sumario», expresó, y añadió: «El presidente afirmó que había llamado dos veces por teléfono al sumariante”. Y ante esta situación se pregunta: ¿alguien se sentiría juzgado con ecuanimidad en un caso donde el presidente de la República sale a los medios a decir esas cosas de quien, a ese momento, ni siquiera era sumariado? ¿Cuándo en Uruguay se dio que el presidente de la República informe a los medios que se comunicó por teléfono dos veces con el instructor de una investigación administrativa? ¿Cuándo pasó que el presidente haya dicho que modificó el procedimiento administrativo para evitar que un funcionario determinado informe sobre él?».

Toma recusó en octubre de 2020 al funcionario que habría hablado con Lacalle Pou porque estaría «prejuzgando».

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