NO RESISTE ARCHIVO

Álvaro Delgado: “El FA nos planteó cuarentena obligatoria en marzo”. ¿Es esto cierto?

El secretario de Presidencia aseguró que desde la oposición se planteó al inicio de la pandemia que se ordenara la cuarentena obligatoria. Dirigentes del FA lo desmienten con archivo en mano.

Foto: Presidencia de la República
Foto: Presidencia de la República

Este miércoles, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, habló en En Perspectiva al respecto de las acciones que está tomando el gobierno para seguir manteniendo la pandemia del COVID-19 bajo control en el país. «El Uruguay tiene en esto una causa nacional, tiene la posibilidad de mostrar al mundo y a sí mismo, que ante la adversidad es un país que actúa en forma responsable», dijo.

En su intervención aseguró que el Ejecutivo dialoga «con todo el mundo» y que ha mantenido comunicaciones permanentes «con la oposición política pero también con otros sectores sociales, empresariales y religiosos. Esto no podemos politizarlo».

«El costo de tomar estas medidas, que tienen su costo, personal, de renunciamiento (sic), económicos y todo lo demás es mucho menor que el que podemos tener en caso de no tomar las medidas», añadió.

Sin embargo, fue una aseveración que hizo el jerarca lo que causó la indignación en el Frente Amplio: adujo que dicho partido pidió que se decretara en todo el país una cuarentena obligatoria. 

El senador, Mario Bergara, salió al paso de este señalamiento. «Absolutamente falso. Lamentable. El FA le presentó al Presidente un documento que proponía textualmente lo siguiente: ‘Desarrollar acciones que fomenten el aislamiento social. Las mismas deberán ser lo más amplias, inclusivas, y estrictas posibles, con las excepciones que se entiendan convenientes para garantizar el acceso de la población a alimentación, salud y demás bienes y servicios básicos’», escribió en Twitter.

Otro que desmintió a Delgado fue el senador socialista Daniel Olesker, quien escribió en la misma red social: Esto es lo que le entregamos al Presidente de la República: ‘Desarrollar acciones que fomenten el aislamiento social. Las mismas deberán ser lo más amplias, inclusivas, y estrictas posibles, con las excepciones que se entiendan convenientes para garantizar el acceso de la población a alimentación, salud y demás bienes y servicios básicos’. No es verdad lo que dice Delgado».

Lo que sí decía el documento

El 18 de marzo de 2020, el Frente Amplio remitió al gobierno un documento en el cual le hacía al gobierno de Luis Lacalle Pou una serie de propuestas para abordar la pandemia del coronavirus, que para ese entonces apenas arrancaba en el Uruguay.

En un total de ocho puntos, el FA apoyaba «las medidas de prevención y combate de la propagación del virus» que se estaban tomando en ese momento por parte de las autoridades nacionales y departamentales, al tiempo que exhortaba a la ciudadanía «al más alto acatamiento de esas disposiciones con una actitud responsable, serena y solidaria».

En el segundo punto saludaba y valoraba al personal médico que se había puesto en la primera línea de batalla conta la pandemia, mismo gesto que tuvo con la Universidad de la República y su destacado esfuerzo desde la Facultad de Ciencias junto con el Instituto Pasteur.

Más abajo en el texto solicitó «considerar la situación de los trabajadores autónomos y cuentapropistas, que pueden no tener la necesaria cobertura de seguridad social y acceso a las medidas compensatorias por la pérdida de sus ingresos habituales». En ese mismo sentido instó al gobierno a flexibilizar y ampliar el seguro de paro para las personas en situación frágil, así como regular los precios de la canasta alimentaria básica.

Solicitó también rever las medidas «de claro contenido impopular adoptadas en relación con la suba de tarifas, el aumento de impuestos a partir de la disminución en la bonificación del IVA para el consumo con tarjetas», y otras.

El documento concluye rezando que el FA entendía entonces que era prioritario «crear un plan económico específico y urgente para afrontar la situación» y, para aportar en eso, creó un grupo de expertos que puso a disposición del Poder Ejecutivo. «El objetivo del plan económico debe ser preservar las empresas y las fuentes de trabajo, no aumentar la pobreza y la desigualdad y repararse para ‘el día después'», se leía.

 

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