ACTAS

Vázquez ratifica que ni él ni Berrutti tuvieron acceso a declaraciones de Gilberto Vázquez

El ex presidente de la República, Tabaré Vázquez, ratificó ante el Parlamento que ni él ni la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti, fueron informados de las declaraciones de Gilberto Vázquez ante el Tribunal de Honor Militar creado en 2006 ante el cual reconoció que torturó y asesinó a presos políticos.

vázquez

Este miércoles 28 de octubre, Tabaré Vázquez respondió por escrito a las preguntas que le plantearon los senadores de la Comisión de Derechos Humanos que analiza las declaraciones del militar retirado Gilberto Vázquez ante el Tribunal de Honor Militar, creado en 2006, en el cual reconoció que durante la pasada dictadura militar (1973-1985) torturó y asesinó a presos políticos, y que existió el segundo vuelo de la muerte en el marco del Plan Cóndor.

Tabaré Vázquez aseguró que homologó el fallo del Tribunal Especial de Honor del coronel en situación de reforma Gilberto Vázquez, en presencia de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, quien llevó el expediente “en mano (sin las actas)”.

El ex mandatario asegura que las circunstancias y fundamentos explicitados en la ocasión por Berrutti fueron que se trataba del fallo a raíz de la fuga del referido militar desde el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, a quien se le imponía por ello la máxima sanción (descalificación por falta gravísima), lo cual determinaba su posterior pase a situación de reforma, como así ocurrió.

Por otro lado, indicó que debido a la enorme difusión mediática de la evasión de Gilberto Vázquez, “el trámite de homologación tuvo celeridad, por la necesidad de aprobar la descalificación aconsejada por el Tribunal de Honor”

Homologación

Tabaré Vázquez  manifestó a los legisladores que en el expediente “había dos dictámenes jurídicos de la Asesoría Letrada del Ministerio de Defensa Nacional que coincidían en aconsejar la homologación del fallo”.

Vázquez consideró que el entonces director de Secretaria del Ministerio de Defensa al percatarse que las actas del Tribunal de Honor no habían llegado a manos de Presidencia y habían quedado en la secretaría de Estado, las buscó y anexó al expediente respectivo.

Confianza

En otro orden, Vázquez aseguró tener “absoluta confianza en la entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti”.

“Ante la evidencia de la fuga protagonizada por el militar y la propuesta de imponerle la máxima sanción aplicable, no encontré otro fundamento para investigar más el caso”, respondió.

Remarcó, asimismo, que el informe de la Asesoría Letrada del Ministerio de Defensa Nacional no hacía alusión alguna a la “presunción de delito”, limitándose a mencionar, “en tono burocrático, la norma reglamentaria y la prosecución del trámite”.

Vázquez señaló que “hubo una omisión de vieja data de no incorporar las actuaciones del Tribunal de Honor al expediente administrativo de homologación, manteniéndolas bajo reserva, práctica que luego fue revertida, y no poner en conocimiento directo a la ministra el tenor de las declaraciones del involucrado”.

Ratificó que ni él ni la entonces ministra tuvieron acceso a las actuaciones del Tribunal de Honor.

Indicó que luego de homologado el fallo y devuelto el expediente administrativo al Ministerio de Defensa, la nota del entonces director de Secretaría demuestra que en esa dependencia se encontró el sobre que las contenía y que este lo agregó al expediente, pero luego de la homologación.

“Estimo que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional no informó con precisión a la señora Ministra sobre el tenor de las declaraciones, ni tampoco le aportó las actuaciones del Tribunal de Honor que quedaron en un sobre separado, rotulado como ‘reservado’, al parecer en el ámbito de la Asesoría Letrada de dicho Ministerio”, sentenció Tabaré Vázquez.

Búsqueda de la verdad

Por otro lado, recordó que Gilberto Vázquez ya se encontraba procesado por la Justicia penal, donde terminó recibiendo sendas condenas a 25 y 30 años de penitenciaría, respectivamente.

Resaltó, también, que desde la restauración democrática en el año 1985, el Gobierno que presidió entre los años 2005 y 2010 “fue el primero que encaró una interpretación diferente de la Ley Nº 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado habilitando a indagar y juzgar los delitos por parte de la Justicia, y también fue su Gobierno el primero en ingresar a predios militares en busca de enterramientos clandestinos y en encontrar restos de detenidos-desaparecidos.

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