Cruce entre Mailhos y Pereira por desalojo de ocupaciones de locales de trabajo

El miércoles 15 de octubre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicó el decreto -que reglamenta el artículo 329 de la Ley de Urgente Consideración- por el cual se limitan las ocupaciones de trabajo tanto en lugares públicos como privados.

Dicho decreto establece que “el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar de trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de ingresar en las instalaciones de la misma”. El Ministerio de Trabajo podrá convocar a una instancia de conciliación, así como intimar la desocupación de forma inmediata.

De persistir la ocupación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicitará al Ministerio del Interior el “desalojo inmediato de los ocupantes”.

Violencia

En las últimas horas, el gerente jurídico de la Cámara de Comercio y Servicios, Juan Mailhos,  manifestó su satisfacción con el decreto del Ejecutivo.

“Con el gobierno anterior y el PIT-CNT tenemos una diferencia importante: las ocupaciones no son una extensión del derecho de huelga, y la otra cuestión esencial es que toda ocupación implica violencia. Es una manera de legitimar un acto violento que no estábamos de acuerdo. Si vienen cinco gordos y se meten en tu living, eso es violencia”, sentenció Mailhos en declaraciones a El Espectador.

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, rechazó las expresiones de Mailos, y remarcó que “la violencia se ejerce cuando se violentan los derechos laborales”.

El dirigente sindical cuestionó el hecho de que “se pretenda colocar en un lugar central de la agenda el tema de las ocupaciones de los lugares de trabajo, cuando Uruguay tuvo en los últimos cinco años un nivel ínfimo de ocupaciones de promedio anual”.

Se refirió a las “escasísimas ocupaciones que se produjeron han estado vinculadas a patronales que no le pagan a sus trabajadores o expulsan a dirigentes sindicales”. Añadió que “los trabajadores han tenido que ocupar fábricas para evitar que fueran desmanteladas en actitudes de escape o huida patronal”.

“Si los trabajadores no hubieran ocupado se habrían quedado sin cobrar sus salarios. La ocupación que se prolongó por más tiempo duró dos días”, sentenció en declaraciones al periodístico Legítima Defensa.