El Ejecutivo denuncia desidia y mal manejo de fondos públicos en el gobierno anterior
El Gobierno difundió los resultados de 12 auditorías en organismos del Estado y en muchos casos constató “desidia en el uso de los dineros públicos y un mal manejo de los fondos que son de todos los uruguayos”. El Poder Ejecutivo avanzará con investigaciones administrativas y luego, de acuerdo a lo que surja, enviará a la Justicia lo que corresponda.
Tras el Consejo de Ministros de este lunes 19 de octubre, autoridades del Gobierno realizaron una conferencia de prensa para informar sobre los resultados de 12 auditorías en distintos organismos del Estado en el período 2018-2019.
La conferencia estuvo encabezada por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y por el auditor interno de la Nación, Pablo Morelli.
En dicho marco, Arbeleche dijo que con las 12 auditorías “se inició un proceso de investigación” que incluye a los siguientes organismos: Instituto Nacional del Cooperativismo, Dirección Nacional de Vivienda, Fondo Nacional de Recursos, Agencia Nacional de investigación e Innovación, Uruguay XXI, Instituto de Regulación y Control del Cannabis, Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, Unidad centralizada de Adquisiciones, Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, Dirección General de la Granja, Dirección General de Secretaría – Oficina de Víctimas del Terrorismo de Estado y Dirección Nacional de Migración.
Añadió que además hay informes en proceso como los referidos al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, Administración Nacional de Educación Pública, Ministerio de Desarrollo Social y ANTEL; y se realizarán auditorías en Gas Sayago y Corporación Vial del Uruguay.
Desidia y mal manejo de fondos públicos
Arbeleche dijo que se ha encontrado “desidia en el uso de los dineros públicos y un mal manejo de los fondos que son de todos los uruguayos”.
Añadió que en las auditorías se detectó “apartamiento de las reglas de la buena administración”.
“Hemos encontrado que muchas actuaciones se apartaban de la normativa vigente o no había una normativa que las habilitara, y sistemas de control débiles que permitirían un uso ineficiente de los recurso”, sentenció Arbeleche.
Remarcó que el Poder Ejecutivo “avanzará con investigaciones administrativas en cada una de las actuaciones y luego, de acuerdo a lo que surja, enviará a la Justicia lo que corresponda”.
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