Caja Militar

Diputados del Frente Amplio piden información sobre prestaciones y gastos de Caja Militar

Legisladores del Frente Amplio remitieron un pedido de informes al ministro de Defensa Nacional, Javier García, referido a cada una de las prestaciones del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (conocida como Caja Militar) y al gasto total que ellas implican.

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La solicitud de información cuenta con la firma de los diputados: Gustavo Olmos, Gerardo Núñez, Susana Pereyra, Carlos Varela, Sergio Mier, Verónica Mato y Enzo Malan.

Los parlamentarios solicitan información sobre la cantidad total de beneficiarios del sistema y el total de pago por prestaciones durante el año 2019, discriminado por tipo de prestación (retiro voluntario y retiro obligatorio).

Asimismo piden información respecto a los retiros por incapacidad, edad avanzada, subsidio transitorio por edad avanzada, por incapacidad parcial, beneficiario de pensión discriminado en cada caso por causal de pensión y otras prestaciones no comprendidas en las anteriores.

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El diputado Gustavo Olmos dijo que se debe ir hacia un sistema donde toda la sociedad tenga los mismos derechos, porque en la Caja Militar las divorciadas tienen derecho a recibir una pensión, los padres tienen derecho a recibir una pensión, los hijos tienen derecho a recibir una pensión mucho más de lo que tienen en otras cajas.

Manifestó que la reforma a la Seguridad Social no puede ser sólo una reforma al BPS, sino a todo el sistema y donde, entre otras cosas, se disminuyan las inequidades.

Ley reparatoria

Los legisladores frenteamplistas realizaron la solicitud de información luego de que se conoció un pedido de informes que realizó la diputada del Partido Colorado Nibia Reisch al Banco de Previsión Social (BPS) para acceder a las identidades de los beneficiarios de la Ley 18.033.

Dicha Ley ampara a las personas que, por motivos políticos, ideológicos y gremiales se vieron obligados al exilio entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Para acogerse a la disposición debieron retornar al país antes del 1° de marzo de 1995. También protege a las personas que hayan estado detenidas de forma clandestina durante el lapso, total o parcialmente, y a los que hayan sido despedidos de la actividad privada por su posición política o ideológica.

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