Género

Intersocial Feminista expresa preocupación por falta de perspectiva de género en el Presupuesto

La Intersocial Feminista manifiesta su preocupación por la ausencia de perspectiva de género en la elaboración del Presupuesto nacional “impidiendo el monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de las acciones realizadas para contribuir a la igualdad y equidad de género por parte del Estado”, y cuestiona que los asuntos que afectan a la vida de las mujeres “son un botín político utilizado de forma siniestra por la clase política”.

INTERSOCIAL

Este martes 22 de septiembre, la Intersocial Feminista emitió un informe referido a algunas de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, y a la vez reclama que se destine presupuesto para implementar la Ley Integral contra la violencia de género.

La Intersocial Feminista manifiesta en 2019 “la tasa de desempleo para los hombres fue 7,3% mientras que para las mujeres ascendió a 10,7%”.

Indica que en el hogar las mujeres dedican en promedio “18 horas semanales más a tareas domésticas y de cuidados que los hombres”.

También expresan que en el primer año después de convertirse en madres, “el salario es 19% inferior al de las mujeres que no son madres. Luego de 10 años de tener el primer hijo o hija la reducción salarial llega a ser del 42%”.

“La pobreza continúa afectando en mayor medida a los hogares con mujeres jefas de hogar tanto en Montevideo como en el Interior del país”, remarca la Intersocial

Expresa también que “a partir de los recortes incorporados en el Presupuesto, se plantea un escenario con grandes disminuciones de recursos para todos los organismos, que están en el entorno del 25% respecto a los créditos que se ejecutaron en 2019”.

“Estas disminuciones, en particular en las áreas de políticas sociales, tienen un impacto mayor en las mujeres ya que son quienes sufren los mayores porcentajes de pobreza”.

La Intersocial Feminista sostiene que el MIDES, cuyo cometido es proteger a los hogares más vulnerables, “tendrá el desafío de atender a una mayor cantidad de población con menores recursos, ya que se estima que este año existen 26.000 hogares pobres más que el año pasado, siendo estos en su mayoría hogares con mujeres jefas de hogar”.

Remarca que los menores recursos asignados a programas sociales “comprometen las posibilidades de atender situaciones de pobreza extrema, así como impiden abordar programas de desarrollo de habilidades que lleven a las personas en general, y a las mujeres en particular, hacia trayectorias autónomas”.

La Intersocial manifiesta que “las mujeres pasaron de representar el 36,7% de los beneficiarios del seguro por desempleo, a ser el 47,9% en los tres primeros meses de la pandemia (61.873 beneficiarias más), mientras que los beneficiarios hombres crecieron un 202,2% (56.829 beneficiarios más) en el mismo período.

Agregan que “la mayor afectación al seguro de desempleo de las mujeres es un efecto visible, sin embargo existen otros efectos de difícil medición, como por ejemplo: la sobrecarga al tener que compatibilizar trabajo a distancia con cuidados en el hogar y las consecuencias sobre la salud mental que esto tiene, así como el aumento de las demandas de educación en los hogares debido a una reducción de las horas presenciales por restricciones en el sistema educativo que aún se mantiene”.

Por otra parte, desde el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), “no ha sido posible ver la transversalización de la perspectiva en la mayoría de las políticas públicas”, y ello se debe en parte a “su escasa relevancia a nivel presupuestal (2% del total del presupuesto del MIDES)”.

Asimismo, remarcan que “la violencia de género es emergencia nacional que se justifica en el hecho de que 20.000 mujeres por año acuden a la Justicia para denunciar situaciones de violencia de género”.

Recuerdan que en lo que va de 2020, “19 mujeres han sido asesinadas por ser mujeres”.

“Hemos visto como han sido asesinadas mujeres por errores del sistema, por falta de seguimiento, por falta de instrucciones a tiempo, por falta de medidas acordes al nivel de riesgo”, expresa la Intersocial.

Aseguran que el sistema de protección existente para mujeres, niños, niñas y adolescentes que sufren violencia “es extremadamente frágil”.

Necesidades

En tal sentido, la Intersocial Feminista solicita que se destine presupuesto para implementar la Ley Integral contra la violencia de género”.

Piden que se atienda a los Servicios Especializados los 365 días del año, las 24 horas, en todas las capitales del país, cuyo costo sería 10.000.000 de dólares.

Reclaman la “instalación inmediata de juzgados multimateria y la educación sexual integral en la enseñanza para crecer libres de violencia”.

Plantean que es una necesidad los servicios especializados que hagan seguimiento de las denuncias policiales, de atención psicosocial y legal a víctimas de violencia sexual y para atención a mujeres en situación de discapacidad.

Reclaman la ampliación en la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y la formación en interseccionalidades, género y derechos humanos a operadores judiciales.

En cuanto al artículo 509 que “elimina los juzgados multimateria creados por la ley 19.580”, la Intersocial considera que de concretarse, “se estaría retrocediendo en la mejora de atención a las mujeres”.

La Intersocial indica que la privación de fondos, afecta a la creación de cargos de magistrados, técnicos, edificaciones adecuadas, para que funcionen en la forma que debe ser.

Cuestionan que la emergencia nacional que, aún siendo declarada sobre fines de 2019 por el Gobierno saliente y ratificada por el Gobierno electo, “no trasciende más allá de una declaración de buenas intenciones”, y que “la vacía de contenido con esfuerzos tan magros en materia de asignación presupuestal y compromiso institucional”.

Manifiestan que los asuntos que afectan a la vida de las mujeres “son un botín político utilizado de forma siniestra por la clase política”.

Por ello, la Intersocial Feminista asegura que el Parlamento tiene la palabra y que se necesitan recursos reales y compromiso institucional efectivo en sostener un sistema que dé respuestas.

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