Cabildo Abierto califica de injerencia recomendación de la CIDH de no restablecer la Caducidad

El pasado 5 de agosto, la CIDH expresó su preocupación por la presentación del proyecto de Ley de Cabildo Abierto, reiteró su llamado a Uruguay a “abstenerse de aprobar iniciativas de esta naturaleza y a fortalecer esfuerzos para seguir avanzando en la investigación de los graves crímenes, en la identificación de sus responsables y en la aplicación de las sanciones pertinentes”.

A raíz de ello, Cabildo Abierto, sector que lidera el senador y ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, presentó una moción ante el Senado para que dicha rama legislativa manifieste su rechazo al planteo de la CIDH.

La moción de la bancada de legisladores de Cabildo Abierto expresa que “tal exhortación excede la naturaleza de las ‘recomendaciones’ a los Estados que estipula el literal b del artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos e implica una inadmisible injerencia en la competencia legislativa que tiene este cuerpo en ejercicio de la representación ciudadana”.

En la declaración del sector que lidera Manini Ríos se expresa sorpresa por el hecho de que la CIDH se pronunciara contra el proyecto de Ley antes de ser difundido oficialmente.

“Nuestro país se compromete, una vez más, a respetar el derecho internacional y las convenciones suscritas, sin desmedro de nuestra independencia y soberanía nacional”, remarca Cabildo Abierto.

Otros pronunciamientos

Contra el proyecto de Ley de Cabildo Abierto, para restablecer la Ley de Caducidad también se pronunció el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El 7 de agosto el CEJIL manifestó que las leyes que promueven amnistías en casos de graves violaciones a los derechos humanos, son inaceptables.

Alertó que la aprobación de la propuesta representaría un “grave retroceso en materia de derechos humanos para Uruguay con el claro objetivo de asegurar la impunidad, ya que busca restablecer los efectos que tuvo la Ley de Caducidad”. Dicha norma impidió hasta el año 2011 el acceso a la Justicia y la investigación de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

Mientras que el 10 de agosto fue la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) la que recomendó a los partidos políticos rechazar el proyecto de Ley de Cabildo Abierto, porque de aprobarse significaría un retroceso en la protección de los derechos humanos y podría, una vez más, situar al país en claro incumplimiento de la normativa internacional, que libre y soberanamente ha aceptado.

En tal sentido, la Institución de DDHH manifiesta que con el proyecto de Ley de Cabildo Abierto “se pretende restaurar una norma que durante largos años gestó la impunidad respecto de los crímenes cometidos por la dictadura”.