Institución de DDHH recomienda rechazar proyecto que busca restablecer Ley de Caducidad

Este  lunes 10 de agosto, la INDDHH se pronunció sobre el proyecto de Ley de Cabildo Abierto para derogar la Ley interpretativa número 18.831 y restablecer la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado para las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

En tal sentido, la Institución de DDHH manifiesta que con el proyecto de Ley de Cabildo Abierto “se pretende restaurar una norma que durante largos años gestó la impunidad respecto de los crímenes cometidos por la dictadura”.

“El terrorismo de Estado sufrido en Uruguay durante 12 años se caracterizó por la persecución, encarcelamiento, tortura, ejecuciones y desaparición forzada de personas, todas atrocidades que no pueden calificarse de ‘excesos’”, señala la INDDHH en referencia al texto de la normativa propuesta.

Remarca que “un ‘exceso’ denota aquello que sobrepasa lo normal, más allá de la medida, que supera los límites de lo ordinario. Los crímenes del terrorismo del Estado no pueden ser considerados como excesos, sino que fueron violaciones de los derechos humanos. Estas fueron cometidas por funcionarios estatales, de forma sistemática o masiva, y bajo la instigación o la tolerancia de las más altas autoridades de los gobiernos de la época”.

“Tales violaciones a los derechos humanos fueron crímenes de lesa humanidad, y no excesos, y como tales se deben juzgar y sus autores ser hechos responsables”, remarca la INDDHH.

Asimismo, en la declaración se indica que el terrorismo de Estado dejó miles de víctimas que, luego de más de 40 años, “todavía esperan justicia, incluyendo la reparación integral por los daños sufridos, la individualización de los responsables y la sanción correspondiente”.

En la declaración se asegura que Uruguay, al igual que otros países de la región que coordinaron sus represiones a través del Plan Cóndor, pretendió “eludir la responsabilidad derivada de estos crímenes aprobando una Ley de impunidad que dejara a los perpetradores a salvo de la actuación de la Justicia”.

“Durante la vigencia de esa ley, el Estado incumplió con la obligación de investigar y sancionar a los responsables, se expuso al reclamo de las víctimas en los ámbitos internacionales y fue señalado en esos foros por no respetar los derechos humanos y los acuerdos internacionales de los que formaba parte desde antes de la dictadura”, expresa la institución.

Recuerda, a la vez, que la Ley de Caducidad fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y luego derogada por la Ley 18.831 “restableciendo de este modo el derecho a la justicia tan largamente negado”.

Recomienda a las fuerzas políticas “rechazar este tipo de iniciativas, que se traducen en un retroceso en la protección de los derechos humanos y pueden, una vez más, situar al país en claro incumplimiento de la normativa internacional, que libre y soberanamente ha aceptado”.

Rechazo

De este modo, la INDDHH se suma al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que manifestó su preocupación por la presentación del proyecto de Ley de Cabildo Abierto, y reiteró su llamado a Uruguay a “abstenerse de aprobar iniciativas de esta naturaleza y a fortalecer esfuerzos para seguir avanzando en la investigación de los graves crímenes, en la identificación de sus responsables y en la aplicación de las sanciones pertinentes”.

En el mismo sentido se pronunció el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) el cual expresó que las leyes que promueven amnistías en casos de graves violaciones a los derechos humanos, son inaceptables”.