LEY DE CADUCIDAD

Domenech dice que se ha juzgado a militares que ellos consideran «inocentes»

El senador de Cabildo Abierto es uno de los impulsores -junto con su partido- de la reinstauración de la ley de caducidad, que dejaría sin juzgar a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

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El senador por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo en entrevista el viernes que la Justicia ha estado siendo «avasallada» por «dictámenes extranjeros», en alusión a los tratados internacionales de los cuales Uruguay es firmante y de los pareceres de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para el legislador de ultraderecha, en los últimos tiempos ha habido «una especie de avasallamiento de la legislación nacional, de las normas constitucionales, con una cadena de procesamientos de personas que nosotros, en muchos casos, entendemos inocentes, como es el ya icónico caso del del soldado Vidal, en función de pronunciamientos judiciales o pseudo judiciales, efectuados por organismos internacionales en los que el Uruguay no tiene prácticamente incidencia».

El senador encuentra un paralelismo en la entrada en funciones del gobierno de Luis Lacalle Pou y el aumento de procesamientos a militares que cometieron o fueron parte de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar uruguaya. «Si usted observa durante los últimos quince años de gobierno del Frente Amplio prácticamente no hubo procesamientos por hechos ocurridos durante la dictadura militar. Sin embargo, ni bien comenzó este Gobierno, y particularmente desde la Fiscalía General de la Nación, organismo que nosotros hemos criticado por su posición institucional y por la forma de actuar de su jerarca, se ha desencadenado una especie de catarata de juicios contra presuntos responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en esos años», aseveró Domenech en la entrevista hecha por En Perspectiva.

Cree que «en Uruguay se ha producido un desplazamiento de la competencia en materia penal de los juzgados a la Fiscalía General de la Nación», órgano donde «se ha creado esta Fiscalía de Derechos de Lesa Humanidad, que es una fiscalía única, prácticamente se ha instalado en lo que en la Constitución se denominan juicios por comisión», adujo, y explicó: «No hay ninguna alternativa de que haya opiniones diferentes a las de los fiscales, porque existe una única Fiscalía, y eso ha contribuido de manera muy importante a que se establezca un criterio que nosotros entendemos que no es acorde a las normas constitucionales vigentes».

Los delitos de lesa humanidad, según Cabildo Abierto

Defendiendo el proyecto de ley presentado por Guido Manini Ríos, Domenech expresó que tienen la mira puesta en el tiempo que ha pasado desde que se cometieron los delitos de lesa humanidad en dictadura, muchos de los cuales aún están sin juzgar: «Entendemos que los delitos que se pretenden perseguir se encuentran prescritos, porque eso es lo que prevé nuestra legislación nacional sobre el tema. El delito más grave, que es el del homicidio, prescribe a los veinte años, y estamos ya cincuenta años de los hechos, así que están más que vencidos los plazos de prescripción».

«Nos pareció bueno incluir esta norma que subraya, desde el punto de vista legal, que se han cumplido los plazos de prescripción», remarcó.

«En este caso, nosotros entendemos que esa ley que pretendió ser interpretativa debe ser derogada, porque la Ley de Caducidad no sólo fue aprobada legítimamente por el Parlamento como una solución para los temas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de facto, sino que además fue, en dos oportunidades y con una diferencia de veinte años, ratificada por la ciudadanía. Tiene un estatus muy particular que no lo revisten la mayor parte de las leyes del país», opinó. «Seguramente ninguna ley en el país fue ratificada en dos oportunidades por la voluntad popular, como lo ha sido esta», concluyó.

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